Redacción Agromar
El secretario Nacional del Agua, Jorge Jurado, ratificó en una rueda de prensa que se cobrará una tarifa por el agua que se utiliza en la actividad acuícola, es decir, el uso productivo que se le da.
Este aspecto fue aprobado en la Ley de Aguas, que está en manos de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea. La norma tiene 289 artículos, de los que 130 están aprobados.
Según Jurado, este cobro se realizará debido a que los humedales costeros marinos son de dominio hídrico público y como tal deben ser administrados por el Estado.
Además, esas fuentes están expuestas a problemas de contaminación.
La política del Gobierno, dice Jurado, es limitar la expansión de la acuicultura en playas, bahías y salinas, con el fin de proteger el ecosistema del manglar.
El funcionario dijo que esta ley no responde a intereses mineros ni beneficia a grupos de poder.
Estas declaraciones las hizo en respuesta a las acusaciones de Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y de algunos asambleístas de los bloques políticos de Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica.
Santi y los asambleístas dicen que esta ley tiene afanes privatizadores, promueve el acaparamiento, así como desincentiva la producción. Según Jurado, temas como la redistribución del agua, la autoridad única, el fondo del agua y otros aspectos fueron consensuados con todos.