La coactiva facilita al Estado retener fondos y tomar bienes
Personas protestan fuera de una institución pública, luego de que esta embargara sus casas por medio de coactivas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El remate de la casa inició en USD 158 000. Con la venta del inmueble se cubriría parte de la deuda de USD 240 000 que tiene José Asán con el fondo jubilar de una institución pública.
Él fue funcionario de la entidad por 16 años, pero en febrero del 2004 fue despedido de su cargo. Tres meses antes de su salida sacó un préstamo por USD 130 000, pero apenas pudo cubrir las letras por un año.
Luego dejó de pagar y la institución activó el cobro por medio de la coactiva. Así pudo embargar el inmueble e iniciar los trámites para rematarlo.
Lo mismo ocurrió con otros cuatro exfuncionarios de esa entidad. A todos se les realizó el cobro por medio de coactiva y sus bienes fueron embargados de forma definitiva.
Pero, ¿qué es la coactiva? Es un recurso legal que tiene exclusivamente el sector público y sirve para cobrar las deudas que las personas o empresas mantienen con municipios, ministerios, telefónicas, agua potable u otra institución.
En el caso de estas últimas, usan la coactiva para cobrar a quienes adeudan las planillas.
Cada institución lo maneja de distinta forma, pues una característica de este proceso es que su tratamiento es individualizado. Por ese motivo no existen datos globales que consoliden montos y el total de casos en el país.
Por ejemplo, en el caso de agua potable, los procesos se inician cuando una persona no ha pagado dos meses el servicio. Les notifica por medio de llamadas, mensajes de texto o incluso visita a los domicilios.
Robert Velasco es el recaudador de la Empresa de Agua Potable de Quito. Él dice que estos trámites se realizan siempre, antes de ejecutar los juicios coactivos. En el 2015 tuvieron 2 157 casos en la capital.
Por esos procesos, esa empresa recaudó USD 1,9 millones. Para eso bloqueó los valores que los deudores tenían en las cuentas bancarias.
Todo el procedimiento debe ser supervisado por el juez de coactivas. Esta persona forma parte de la nómina de la institución pública involucrada y está fuera de la competencia de la función judicial.
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Es decir, es juez y parte en los procesos coactivos, lo cual es completamente legal, pues en el Código Civil (art. 942) menciona que el procedimiento coactivo “se ejerce privativamente por los respectivos empleados recaudadores de las instituciones”.
Entre las principales medidas que estos usan para ejecutar los cobros están la prohibición de enajenar bienes, bloqueo de valores de las cuentas bancarias, orden de arraigo o incluso si un deudor está en el extranjero puede ser deportado al país.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es una de las que usa estos mecanismos para obligar a pagar las multas acumuladas. Pero ates de ejecutar este tipo de acciones, la ANT ofrece facilidades de pagos a quienes adeudan más de dos salarios básicos.
Otra de las medidas que sirve para cobrar las deudas estatales es el embargo de bienes. Este se usa cuando los montos de la deudas son grandes.
Una de las empresas que utiliza este método es el Servicio de Rentas Internas (SRI).
De hecho, en la página web de la institución se detalla una lista de bienes que embargan.
Entre estos están casas, vehículos, aeronaves, embarcaciones y maquinarias. Todo se tomó mediante la coactiva.
En el portal se especifica que esos bienes son para remates o subastas. Además, se explica que el proceso coactivo es un “cobro forzoso” a quienes no han cancelado los valores de las deudas tributarias.
El Banco Central también usa el proceso de coactiva para cobrar a quienes adeudan por préstamos. Actualmente esa institución tiene 248 procesos de cobro. Todos se tramitaron desde el 2001 hasta el 2013.
Fernando López y Victoria Ángulo conocen de los embargos, pues sus casas fueron tomadas como parte de pagos en deudas que mantenían con instituciones públicas. Ellos admiten que desde hace 12 años deben más de USD 30 000 por préstamos que obtuvieron cuando eran trabajadores de una entidad. Luego de ser despedidos dejaron de pagar y ahora emprendieron un proceso judicial para que les devuelvan las casas.
De hecho, los juicios por coactivas sí son impugnables ante la Función Judicial. La Judicatura es el ente que nombra a un juez para que analice todo el proceso. Desde el 2013 hasta el 2015 ha receptado 211 impugnaciones por este tipo de juicios que presuntamente tuvieron irregularidades. Pero solo esos han sido estudiados.
En contexto
Hace siete días un grupo de personas se agolpó en las afueras de una institución pública para reclamar los embargos de sus viviendas. La manifestación se realizó mientras la institución remataba una casa. Minutos después, el remate fue suspendido.
