Con los votos de la presidenta, Diana Atamaint, del vicepresidente, Enrique Pita, y de los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera, se aprobó este lunes 14 de diciembre del 2020 una resolución en la que se pide al TCE la revocatoria del auto de ejecución de la sentencia. Foto Twitter CNE
La Corte Constitucional (CC) deberá dirimir el conflicto de competencias que surgió entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en relación a la sentencia que dispuso que el movimiento Justicia Social tenga una nuevo plazo para inscribir candidatos para las elecciones generales del 2021. Esa agrupación pugna por la calificación de la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa.
Con los votos de la presidenta, Diana Atamaint, del vicepresidente, Enrique Pita, y de los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera, se aprobó este lunes 14 de diciembre del 2020 una resolución en la que se pide al TCE la revocatoria del auto de ejecución de la sentencia “en razón de que constituye una evidente intromisión en las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral”.
La resolución contempla que la Presidencia del CNE ingresé una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, pues consideran que el pronunciamiento del TCE pondría en riesgo la posesión de las autoridades que se elegirán en los comicios de febrero próximo.
Luis Verdesoto, proponente de la resolución, señaló que las funciones “privativas” del CNE no pueden ser asumidas por el TCE, en relación a los procesos de democracia interna, aceptación e inscripción de candidaturas y calificación de las mismas. Dijo que en manos de los consejeros está “resolver con justicia, con un criterio histórico”.
José Cabrera, consejero del CNE, cuestionó la posición de jueces del TCE, sin dar nombres, que “a base de amenazas pedían el cumplimiento de la sentencia que modifican sus propias sentencias y sus propios reglamentos”. Argumentan que en el auto de ejecución, emitido el 8 de diciembre último, el Tribunal modificó su fallo, incluyendo “medidas no previstas”.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, apoyó la resolución y señaló que la acción de conflicto de competencias no representa un desacato al Tribunal. Solo la consejera Esthela Acero se abstuvo de votar por el proyecto aprobado.
El Pleno del CNE tomó esa decisión, ocho horas después de que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, acusara a los consejeros de haber desacatado, por 44 días, la sentencia que restituyó la personería jurídica a Justicia Social.
El magistrado señaló que la sentencia emitida el 30 de octubre y el auto resolutivo del 8 de diciembre pasados, establecen una reivindicación, vía medidas de reparación, en términos de equidad, tiempo y trámite para Justicia Social. “Al TCE no le interesa quien gane las elecciones, tiene una misión, garantizar derechos de participación y verificar la transparencia de los actos electorales”.
Agregó que su incumplimiento, puede constituirse en un delito penal, en una infracción electoral y están sujetas a medidas administrativas que establece el Código de la Democracia.