Las clínicas privadas de diálisis atienden a cerca de 15 000 personas en el país, a través de convenios. Foto: Elena Paucar /EL COMERCIO
Victoria suele acompañar a su hermana a las sesiones de hemodiálisis que recibe tres veces por semana. Esa ha sido su rutina durante seis años, desde que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica.
“En la hemodiálisis está su vida. Si no recibe el tratamiento su cuerpo se hincha, se descompensa por completo”, relata tratando de contener las lágrimas.
Este miércoles 6 de noviembre de 2019, Victoria supo que el tratamiento de su hermana cuesta USD 1 450 al mes. Es un valor que su familia no podría pagar y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asumió al ser una enfermedad catastrófica.
Para dar cobertura a quienes padecen esta condición, el Gobierno estableció convenios con clínicas privadas. 19 de ellas se han unido para reclamar por seis meses de atrasos en los pagos, que suman USD 10 millones.
“La atención a nuestros pacientes renales se mantiene. Pero llegaremos al punto de no tener el dinero suficiente, de no acceder más a préstamos, de no contar con el personal ni los insumos. Entonces no sabemos qué va a pasar”, dijo Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis que demandan los pagos.
El costo promedio del tratamiento es de USD 1 450 al mes. Los centros también realizan exámenes para el seguimiento de los pacientes. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
Son clínicas particulares que atienden en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Loja, Bolívar y Pichincha. Reciben a cerca de 2 000 usuarios. En un comunicado conjunto explican que han enviado solicitudes al MSP y al Ministerio de Finanzas.
“Hemos tenido audiencias extraoficiales con asesores y nos dicen que no hay dinero. Pero necesitamos los recursos para seguir brindando la atención”, agrega Freire quien calcula que, al menos, necesitan la cancelación de cuatro meses para estabilizarse.
Este Diario solicitó información a la Coordinación Zonal 8 del MSP sobre la deuda con los prestadores externos para tratamientos de hemodiálisis y sobre la capacidad de los hospitales públicos para dar atención en estos casos. Sin embargo, no hubo respuesta.
Cerca de 100 trabajadores han renunciado en los 19 centros debido a retrasos en el pago de sueldos y algunos han presentado demandas. Los propietarios de las clínicas aseguran han hipotecado bienes para mantener los pagos de electricidad y agua. Pero sus deudas con los proveedores siguen subiendo.
“Los kits de diálisis son sumamente costosos. Por cada sesión son USD 112. Un filtro, por ejemplo, está valorado en USD 40. Además hay que sumar la medicación: antihipertensivos, eritropoyetina (para la producción de glóbulos rojos), exámenes como radiografías y ecografías que también son parte del tratamiento”, explica la propietaria de uno de los centros, quien prefirió no dar su nombre.
María tiene 65 años. Una gasa cubre la fístula arteriovenosa que lleva en el cuello para conectarse a la máquina de hemodiálisis.
“Soy diabética e hipertensa. Hace cuatro meses me hacen este tratamiento. Le pedimos al presidente Lenín Moreno que hagan los pagos para seguir con la atención”, solicitó en su silla de ruedas, mientras esperaba empezar la sesión de cuatro horas.
José tiene 67 años y hace 40 fue diagnosticado con diabetes. “Le soy sincero, no me cuidé. Ahora, si no vengo a este tratamiento, me siento mal y casi no se puede comer”. Durante tres días de la semana debe despertarse a las 03:00 para salir desde la parroquia Progreso y acudir a un centro en el sur de Guayaquil. Su sesión empieza a las 06:30.
Cerca de 15 000 pacientes con insuficiencia renal crónica son atendidos en clínicas privadas del país, a través de convenios. Algunos dueños de los centros que solicitan al MSP los pagos por los servicios prestados aseguran han recibido un promedio de 30 nuevos pacientes en los últimos meses. Sin embargo, esa atención no ha sido sumado a su facturación.