En el área de emergencia de la Clínica Guayaquil conocían de la disposición de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), pero aún esperan por la autorización de los directivos de la clínica para aplicarla. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Clínicas y hospitales privados de Guayaquil todavía evalúan o hacen ajustes para aplicar una disposición que restringe la atención a pacientes de la red de salud pública, víctimas de accidentes de tránsito, una medida de rechazo a la deuda de USD 224 millones que el Estado mantiene con instituciones privadas de salud del país.
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) informó en un comunicado que desde la víspera sus miembros no seguirán atendiendo a los pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, excepto “aquellos que se encuentren en riesgo inminente de muerte”.
Pero la mañana de este sábado 5 de enero del 2019, los empleados del área de emergencia del Omni Hospital, hospital privado del norte de Guayaquil y miembro de la Achpe, aún desconocían la disposición y seguían trabajando normalmente. En la Clínica Kennedy de la Alborada no confirmaron ni negaron que estuvieran aplicando la disposición y ofrecieron más información para el lunes. La Asociación tomó la decisión sobre las 18:00 del viernes 4 de enero de 2019 por lo que algunos de sus asociados aún ajustan la aplicación de la medida.
Miriam Cabrera, coordinadora de emergencia de la Clínica Guayaquil, otro miembro de la asociación en la ciudad, dijo estar enterada del comunicado, pero indicó que los directivos del centro de salud aún evalúan las implicaciones jurídicas y éticas de la medida. “Todavía no tenemos la autorización para aplicar la disposición. Este fin de semana mantendremos la atención normal y veremos si el lunes hay una contraorden”.
Ana Delgado, directora ejecutiva de la asociación que agrupa a 46 centros médicos privados del país, explicó que tomaron la decisión luego de agotar las gestiones de pago de la deuda con el Gobierno y con el Servicio para Pagos por Accidentes de Tránsito (Sppat). La falta de pago por la atención brindada a pacientes que han sufrido accidentes de tránsito desde el 2017 ha sumido a las instituciones en una situación de iliquidez, dijo.
“Los miembros de Achpe estamos en una situación muy complicada porque tenemos deudas impagas de todas las instituciones de la red pública integral de salud”, dijo Delgado. “Hay clínicas que tienen una gran cantidad de pacientes privados y ellos de alguna manera pueden manejar la situación, pero los que no tienen ese mismo flujo, no pueden reponer los inventarios de insumos, de medicamentos, ni pagar al personal”, agregó.
La Directora Ejecutiva de la Asociación pidió una cita con el presidente de la República, Lenín Moreno, pues dijo que con el Sppat y el Ministerio de Salud han agotado las gestiones y que los desembolsos dependen del Ministerio de Finanzas.
Hasta el 31 de agosto de 2018 la deuda del Estado a las instituciones de salud privadas ascendía a USD 223,5 millones por la atención de pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), el Ministerio de Salud Pública y el Sppat. La deuda por el Servicio para Pagos por Accidentes de Tránsito era de USD 6,4 millones, pero según la asociación un alcance parcial hasta finales de año da cuenta de que ya supera los USD 7 millones.
La Achpe no tiene aún cifras sobre cuántos pacientes accidentados dejarían de atender y acopian la información sobre las atenciones anuales por accidentes que han realizado en los últimos años. Los asociados seguirán atendiendo a las víctimas de accidentes de tránsito en riesgo inminente de muerte (criterios de prioridad I y II del Sistema de Triaje de Manchester MTS modificado).
“Sabemos que éticamente no podemos negar la atención a personas que tienen en peligro su vida”, agregó Delgado. “La importancia más allá del número es el tipo de atenciones que hace el sector privado y especialmente los miembros de Ashpe, que son los pacientes de la alta complejidad”.