8 de December de 2009 00:00

Ciudadanos y la Ley de Comunicación (i)

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Eduardo Javier Lasso Flores

En  las facultades de Comunicación de los  centros de educación superior del Ecuador se imparten las cátedras necesarias para ejercer esta actividad de manera profesional, acompañada de materias que no son científicas ni técnicas como Ética Profesional y Derecho a la Información,   materias que favorecen la objetividad y responsabilidad.

Esas constituyen un refuerzo a la primera etapa de formación  en donde se  dan a conocer los valores morales y principios de comportamiento, como por ejemplo la honestidad y la responsabilidad, características imprescindibles que debe poseer una nota informativa.

La realidad política ha obligado a los medios a exigir en sus periodistas estas dos cualidades, ya que al no poseerlas la propia sociedad es quien censura al medio manifestando un rechazo que se evidencia en los niveles de sintonía o lectura.

Hay una regulación desde los propios medios  y  la sociedad, regulación que no involucra  retaliación ni sanciones por hechos subjetivos, como pretende instaurarse a través de la cuestionada Ley de Comunicación, una ley que pretende abolir principios propios de la democracia como la libertad de expresión y el derecho de denunciar actos  contra la dignidad de la persona o un colectivo.

La Declaración de Chapultepec es la  hoja de ruta para el ejercicio periodístico, en sus 10 puntos describe los atentados contra la libertad de expresión como la censura previa, el amedrentamiento a los periodistas, las políticas arancelarias  contra la actividad periodística e igualmente precisa el compromiso de los comunicadores  que indica que “la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad,  precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales.

Los medios  necesitan favorecer la autorregulación e incorporar la participación  ciudadana  a través de información y opiniones de la gente común.

Si se aprueba  la Ley Mordaza se habrá legalizado un atentado contra la democracia y se facilitará la corrupción, ya que quien denuncie  será sancionado por atentar contra la “dignidad” del corrupto.

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