Los familiares del equipo de prensa viajaron a Washington para recibir el informe.
El camino por recorrer aún es largo. Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra sueltan esa frase, y saben qué se viene en adelante.
Dicen que el siguiente paso es lograr que los Estados ecuatoriano y colombiano cumplan las recomendaciones que el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó sobre el caso.
Su objetivo es que la memoria del equipo de prensa de este Diario, secuestrado y asesinado en la frontera entre los dos países, en el 2018, no se diluya. Quieren saber la verdad y que haya justicia.
La CIDH, a través de su Equipo de Seguimiento, reconoce que aún hay aspectos del caso que deben aclararse. Por ejemplo, recomienda que los gobiernos de Ecuador y de Colombia desclasifiquen la información relacionada con el manejo del plagio, la negociación y las operaciones de Inteligencia y de seguridad que se desarrollaban en el cordón fronterizo.
“Es indispensable desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países. Máxime cuando Colombia ha comunicado al Equipo de Seguimiento, que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante operaciones de búsqueda de información en la zona que operó el Frente Óliver Sinisterra, mientras las víctimas permanecieron secuestradas”, dijeron los relatores durante la presentación del texto, el jueves 12 de diciembre.
Luego de que el documento fuera entregado a los parientes, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl, señaló que ahora las familias esperarán que las autoridades del Gobierno ecuatoriano los citen, y juntos definan los mecanismos para que se cumplan las recomendaciones. Con Colombia también se hará un seguimiento, pero primero tendrán reuniones con su equipo jurídico.
“Estaremos pendientes del cumplimiento de las recomendaciones. En ese sentido, propondremos una reunión anual con la CIDH para que los relatores verifiquen el cumplimiento de las mismas”, sostuvo Rivas.
En el caso del país, la secretaria de Derechos Humanos (DD.HH.), Cecilia Chacón, sostuvo que el “Ecuador se hace eco de las recomendaciones para poder cumplirlas”.
Una propuesta de la CIDH es que el Estado repare integralmente a las familias de las víctimas, pues el equipo de prensa perdió la vida a causa de un “grupo armado, terrorista y narcodelictivo” que opera en ambos lados de la línea de frontera.
Sobre las formas de restauración, Chacón dijo que el Ecuador tiene dos mecanismos: la primera es la reparación inmaterial y reconstrucción del proyecto de vida, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Luego aparece la reparación material, cuya entidad encargada es la Secretaría de DD.HH. “La reparación material significa sentarnos y ponernos de acuerdo con las partes, una vez tengamos sentencia ejecutoriada de la Corte Interamericana, para una ronda indemnizatoria”.
El informe de la CIDH también sugiere que tanto Ecuador como Colombia fortalezcan sus canales de intercambio de datos. “La colaboración penal internacional entre los dos Estados involucrados requiere la adopción de mayores esfuerzos”.
Durante la lectura del documento, Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo que la cooperación internacional era solo uno de los muchos mecanismos por los que podrían optar las dos naciones para “contar el caso en su totalidad”, y propuso que ambos países creasen un equipo conjunto de investigación y que se cuente con una comisión de expertos para revisar la documentación.
Para las familias, el informe de la CIDH es un insumo más en su búsqueda por la verdad. Christian Segarra, hijo de Efraín, dijo que lo importante del informe es que un organismo internacional reconoce las omisiones del Estado sobre la seguridad de los periodistas en la frontera y sobre el manejo del secuestro. Ahora, las siguientes acciones serán vigilar que las recomendaciones planteadas se cumplan.
“Edison Lanza reconoció que los países tienen mucha información que no han compartido y que sería bueno que lo hicieran, pues es información que tiene trascendencia para las investigaciones”, señaló Segarra.
En Ecuador, el caso está en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. Se trata de un expediente reservado.