Villavicencio recordó que la sentencia en su contra debía ser suspendida, a causa de las medidas cautelares. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Fernando Villavicencio, exdirigente sindicalista y asesor del exlegislador de Pachakutik, Cléver Jiménez, presentó el 22 de agosto de 2016, la carta que remite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado ecuatoriano.
En el documento se ratifica las medidas cautelares que fueron otorgadas a favor de Villavicencio, Jiménez y Figueroa, en marzo de 2014. Y a la vez pide información al Gobierno sobre el caso.
Villavicencio recordó que la sentencia en su contra debía ser suspendida, a causa de estas medidas. Por lo que calificó las acciones judiciales de acoso y persecución por parte del Gobierno.
Mauricio Alarcón, abogado que lleva el caso, explicó que el Estado tiene hasta el 2 de septiembre para responder a la CIDH respecto al cumplimiento de las medidas cautelares. Además, indicó que si la Corte IDH falla a favor de Villavicencio y sus compañeros esto podría generar juicios de repetición en contra de los funcionarios que no acataron las medidas.
Además le recordó al canciller Guillaume Long que Ecuador es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que debería acatar las disposiciones de la CIDH.
Antecedentes
El 14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional negó el recurso de casación que interpusieron Jiménez, Villavicencio y Figueroa, y ratificó la sentencia de la exjueza Lucy Blacio, quien en abril del 2013 los declaró culpables del delito de injuria contra el Presidente Rafael Correa.
Blacio sentenció a Jiménez y Villavicencio, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión, mientras que la condena de Figueroa fue reducida a seis meses. Esto más el pago de una indemnización y disculpas públicas.
El 26 de agosto de 2014, la Jueza modificó la pena por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y bajó la condena impuesta a 12 meses. Figuero cumplió con su sentencia, pero Villavicencio y Jiménez se refugiaron en la Amazonía hasta que el tiempo de prisión prescribió, en marzo de 2015.
Y el 28 de mayo los tres fueron acusados de desacato, por no haber pagado la indemnización y haber pedido disculpas públicamente. Villavicencio enfrenta por eso un proceso para declararlo insolvente. Todos los juicios fueron iniciados por el Mandatario.