Redacción Política
La revocatoria del cierre de la radio shuar La Voz de Arutam y la renovación del frente político del Gobierno abren la posibilidad de que el diálogo entre el Régimen y los indígenas se reanude. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo.
Tras la radicalización de la Ecuarunari, con la elección de Delfín Tenesaca como presidente del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo dio señales de acercamiento con el sector indígena.
Una de ellas es considerada importante. Se trata de la decisión de revocar la resolución del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conatel), mediante la cual se dejó sin efecto el retiro de la frecuencia a la emisora shuar.
5 mesas de diálogo
se instalaron entre el Gobierno y la Conaie. Ninguna se ha vuelto a reunir.
En el buró político de Alianza País surgió la iniciativa de recomendar al Conatel, en la que el Ejecutivo tiene el control, que acoja el informe de la Comisión de la Verdad que investigó la muerte de Bosco Wizuma. Este hecho fue el 29 de septiembre.
La Comisión consideró que no había argumentos para que se cierre la radio y que se investigue a los responsables de los mensajes que, supuestamente, incitaron a la violencia durante la protesta.
“Si hay una posibilidad de solucionar un conflicto, había que aprovechar esa coyuntura”, comentó una fuente del buró.
Alexandra Ocles, quien hoy es posesionada como secretaria de los Pueblos, recuerda que el Régimen no se ha cerrado en ningún momento al diálogo. Pero, aclara, que también “este proceso no debe tener condicionamientos”.
Ella respaldó la decisión adoptada por el Conatel. “Es adecuado que en este caso no se sancione a la radio porque es un medio. Sí debe investigarse a quienes promovieron la incitación a la violencia”, comentó.
La salida de Ricardo Patiño del Ministerio de Coordinación Política es otro elemento. El nuevo Canciller designado tuvo resistencia entre los indígenas. Ellos, incluso, se opusieron a continuar con los diálogos. Esto motivó que Doris Soliz, desde la Secretaría de los Pueblos, se ponga al frente del diálogo.
Aunque la Conaie no ha renunciado a sus demandas, algunos dirigentes no descartaron la posibilidad en retomar el diálogo. Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, puso una condición: “Que haya una actitud de tolerancia por parte del Gobierno”.
Tenesaca se refiere al calificativos de “ponchos dorados” que usó el presidente Rafael Correa para criticar a los dirigentes indígenas.
La Conaie propuso la creación de una comisión de alto nivel, para que medie en este proceso. Incluso, se dio el nombre del presidente boliviano Evo Morales y de otros líderes indígenas para que la integren.
Al respecto, Alexandra Ocles se mostró de acuerdo con mejorar las metodologías y herramientas para el proceso.
No hay fechas para un posible reencuentro de ministros y dirigentes indígenas. Para el 25 de febrero, está prevista una asamblea de la Conaie. En esa cita se definirá si se realizan o no nuevas movilizaciones en contra de las políticas adoptadas por el Régimen.
Hasta esa fecha, los brazos regionales de la Conaie: Conaice (Costa), Ecuarunari (Sierra) y Confenaie (Amazonia) socializarán entre sus bases los puntos de discusión. El tema principal será la realidad que atraviesa el país.
Mientras tanto, los directivos de la radio shuar La Voz de Arutam anunciaron que demandarán al Ejecutivo y al Conatel, “por daños y perjuicios”. Así lo afirmó Pepe Acachu, presidente de la Confederación Shuar y representante legal de esta radio.
La demanda también incluirá a los traductores de las grabaciones en las que supuestamente se incitó a la violencia. Ellos son Martha Masana Kajekai, quien fue reconocida por la Notaría Segunda del cantón Macas, y Rubén Pitiur Mamat, en calidad de perito designado por el Conatel.
Según Acacgu, Masana y Pitiur actuaron como autores materiales, intelectuales, encubridores y cómplices en el caso.
Punto de vista
Pablo Ospina/ Catedrático
‘Sin interlocutor con autoridad’
En estos tres años, el Gobierno todavía no ha tenido un interlocutor permanente y con autoridad para mantener ese canal de comunicación con las organizaciones indígenas.
Al momento, la situación aparece como muy crispada, aunque hay señales de mejorar las relaciones. La iniciativa principal para iniciar los diálogos tiene que provenir del Gobierno, porque tiene los recursos, herramientas y oportunidades para restablecer la confianza entre las partes. Esta es la oportunidad para que el Gobierno restablezca el diálogo.
El problema se complica porque hay temas no renunciables. Al tema del agua, la minería y las actividades petroleras, se añade un tema que es fundamental para el sector indíge
na: la concepción del Estado plurinacional. Las organizaciones indígenas lo entienden como una serie de márgenes de autonomía para las autoridades de esos pueblos, pero el Gobierno no lo entiende así. Su concepción es similar a la de los gobiernos anteriores. Aunque ha aceptado la palabra plurinacional, en la realidad excluye la posibilidad de esa autonomía.