2 de mayo de 2019 13:39

Corte de Justicia dice que aún no se resuelve recurso de casación planteado por exprofesor en el caso Aampetra

Un pantón por el caso Aampetra en los exteriores del Ministerio de Educación el pasado 26 de octubre del 2017. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Plantón por el caso Aampetra, en el 2017, frente al Ministerio de Educación. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Luego de que en redes sociales comenzara a circular información sobre un posible recurso de casación a favor del exprofesor detenido en el caso Aampetra, la Corte Nacional de Justicia señaló este jueves 2 de mayo del 2019 que recién la petición para analizar el recurso fue admitida, pero que aún no hay fecha para tratarla en una audiencia.

El alto Tribunal aclaró que admitir solo significa que el escrito cumple con los requisitos de forma, para “pasar recién a conocimiento de un Tribunal Penal, cumpliendo el debido proceso, garantizado en la Constitución”.

La defensa de José Luis N. presentó en la Corte un recurso de casación para que se anule una sentencia de 22 años de reclusión por violación.

Actualmente, el procesado cumple dos sentencias. La primera es de 16 años, por violación, y la otra de siete años, por atentado al pudor.

La defensa arguye que el detenido no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y por eso presentó recurso de casación.

Sin embargo, José Luis N. fue condenado por violentar física, sexual y psicológicamente a 43 niñas y niños, en el llamado caso Aampetra.

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO


El caso Aampetra tiene relación con un masivo abuso en contra de 43 niños de entre 9 y 10 años de edad. Este hecho se registró en el periodo lectivo 2010-2011.

Según las investigaciones, el profesor detenido abusó de los menores física, psicológica y sexualmente.

Ahora, los padres de los niños afectados pidieron al Consejo de la Judicatura que informe “por qué han transcurrido 14 meses desde que se emitió la condena de 22 años y hoy se ha concedido el recurso de casación a favor del profesor”.

La mañana de este jueves 2 de febrero del 2019, la Judicatura indicó que por el momento no habrá ningún pronunciamiento.

El Ministerio de Educación, en cambio, rechazó “cualquier dictamen que deje en la impunidad el caso Aampetra”.

A través de un comunicado, la Cartera de Educación exhortó a los prestadores de servicios de justicia a velar permanentemente por los derechos e interés superior de niñas, niños y adolescentes, para evitar la impunidad y garantizar medidas de protección y reparación efectivas.

El Ministerio recordó que entre el 2010 y 2011, el procesado violentó física, sexual y psicológicamente a 43 niñas y niños. "Él fungía como profesor de reemplazo de sexto grado de Educación General Básica (EGB) y, posteriormente, como docente de séptimo de EGB en una academia cuyas siglas son Aampetra, ubicada en el sur de Quito.

Por estos actos, reiteró, el procesado fue sentenciado y declarado culpable. El pasado 29 de abril de este 2019, los familiares y sobrevivientes de abuso sexual del caso Aampetra fueron informados de que la Corte Provincial conoció y aceptó el recurso de casación interpuesto por el agresor, lo que abre la posibilidad de que la sentencia sea anulada.

Por ello, "el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, y manifiesta su respaldo a las y los sobrevivientes de abuso sexual y sus familias".

La Cartera, en el comunicado señala que el fenómeno de la violencia es estructural y, por lo tanto, la respuesta debe ser estructural, al igual que los procesos de prevención, atención y reparación. "En este sentido, hacemos un llamado a las instituciones del Estado y a la sociedad en general a erradicar la violencia de todos los espacios, honrar la memoria de las víctimas y generar procesos de reparación integrales y efectivos".

El Ministerio subrayó que trabajan para que casos como Aampetra no se repitan ni queden en la impunidad, en concordancia con la política de cero tolerancia frente a todas las situaciones de violencia y, particularmente, la violencia sexual dentro y fuera de los espacios educativos.

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