24 de septiembre de 2018 00:00

La cárcel dejó fuertes secuelas en los condenados por el 30-S

Después de la insubordinación del 30-S, el policía Eduardo Mullo fue recluido casi cinco años en la Cárcel 4, que funciona en Quito

Después de la insubordinación del 30-S, el policía Eduardo Mullo fue recluido casi cinco años en la Cárcel 4, que funciona en Quito. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
y Guayaquil (I)

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Marcelo Bonifaz fue cabo segundo de la Policía, pero ahora está encerrado en la Cárcel 4 de Quito. Fue capturado en octubre del 2013, tres años luego de la insubordinación policial del 30-S. Después lo condenaron a 12 años por tentativa de magnicidio.

Esta semana habló desde la cárcel y recordó el día en que sus compañeros policías lo detuvieron en Riobamba. Dice que lo lanzaron al piso, frente a su hija que entonces tenía cinco años. La pequeña lloraba desde la ventana y pedía que lo soltaran, dice. No entendía lo que pasaba. Él, en cambio, sospechaba lo que se venía.

Señala a que dos semanas antes de su aprehensión, carros sin placas daban vueltas en la UPC en la que trabajaba. Después, un compañero de Quito le alertó que tenía una boleta de detención por haber gritado “disparen al Presidente (Rafael Correa)”. Ahora dice que no estuvo en la revuelta.
Tiene un parte que muestra la hora en que entregó su arma en el destacamento de Tránsito, en Quito. Pero los fiscales dijeron que a esa misma hora él estaba en el Regimiento.

Tras la insubordinación, 50 personas fueron apresadas con sentencias en firme. A 17 las trasladaron de la Cárcel 4 y a otros centros de rehabilitación. Estos datos fueron recopilados por el Ministerio de Justicia, aunque la asociación Víctimas del 30 de Septiembre habla de 450 afectados.

En la lista de la Secretaría de Justicia, además, aparecen personas que fueron indultadas, obtuvieron la prelibertad, les revocaron la prisión o cumplieron la pena. En la Cárcel 4 también estuvo Eduardo Mullo. Su encierro duró 4 años, 11 meses y 9 días.

Él trabajó 15 años en la Policía y estuvo a punto de ascender a sargento. Pero el 27 de septiembre del 2013, el juez séptimo de lo Penal de Pichincha lo condenó por intento de magnicidio. La prueba principal fue una foto que le tomaron en la avenida Occidental, durante la protesta. Luego de terminar la audiencia, solo alcanzó a abrazar a su esposa y a sus suegros que lloraban, antes de que lo subieran al patrullero.

Cuenta que a las 17:00 entró a la cárcel, lo llevaron al asesor jurídico y le asignaron una celda. Adentro estaban 15 personas. No había cama y esa noche durmió en el piso, con una cobija que le prestaron. Para entonces sus hijos tenían 18, 13 y tres años. Lo visitaban cada semana. Iban con su madre, pero en noviembre del año pasado ella dejó de ir. Se separaron.

Hace 20 días, Mullo dejó la prisión, tras acogerse a la prelibertad. Pero en los siguientes siete años (hasta cumplir la condena de 12 años) deberá presentarse cada mes en la cárcel y permanecer cuatro horas.

Bonifaz también espera salir libre. Dice que su vinculación fue a dedo, al azar. “Ellos querían que me declarara culpable y que firmara un documento de seis hojas sosteniendo que sí hubo golpe de Estado”. Asegura que la oferta incluía USD 150 000 y visas para España con su familia.

¿Por qué no aceptó? “Si aceptaba vendía mi dignidad y eso significaba que tenían carta abierta para procesar a más compañeros policías”.
Desde el 2016 la pelea la sigue solo. Ese año, su esposa le quitó el apoyo y se divorció.

Junto con Bonifaz, en la Cárcel 4 estuvieron Mullo, Giovanni Laso y Luis Guanotasig. Los tres últimos ya salieron con prelibertad.
Rolando Tapia, en cambio, permaneció en el expenal García Moreno.

Cumplió en el pabellón A, de máxima seguridad, el 80% de la condena de tres años por atentar contra la seguridad interna del Estado. “Estuve con la ‘crema y nata’ de la delincuencia. Imagínese, metieron a un oficial de la Policía Nacional en el mismo saco de los delincuentes que alguna vez capturamos”. Dice que incluso tuvo que hablar con Dante Reyes, el cuentero de Muisne. Él le avisaba quién quería hacerle daño. Le servía para estar alerta.

En el 2010, Tapia era comandante de la Escolta Legislativa y fue acusado de impedir el ingreso de los asambleístas para que se reúnan en el Pleno durante la revuelta policial. Él dice que todo es falso.

En la familia había temor de que algo le sucediese en prisión. Su esposa y tres hijos lo visitaban todos los días. Justo cuando fue sentenciado, la Policía le tramitó la baja luego de 30 años de servicio.

Ramiro Manosalvas, en cambio, estuvo 35 años en el Ejército, pero después de la insubordinación y de un proceso legal en su contra fue apresado porque fue captado en una foto durante las manifestaciones. Hoy tiene 62 años y recuerda que en el 2014, cuando fue condenado, le pusieron las esposas y lo llevaron a la cárcel.

Las tres primeras noches durmió en el piso, hasta que un coronel fue trasladado a otra celda y le dejó la cama. El primero que le visitó fue un militar también detenido por el 30-S. Pero se molestó cuando vio que se trataba de la persona que lo denunció ante los superiores. “No le acepté ni el saludo. Le dije que se vaya de ahí”.

Era la primera vez que se alejaba de su esposa y de sus tres hijos. Ellos le pedían que se acogiera al indulto. Su madre y su nieta le decían lo mismo. Pero se negó, “porque sería aceptar una culpa que no cometí”.

Señala que un día, el entonces presidente Rafael Correa llegó a la Cárcel 4 y les dijo que pidan el indulto a cambio de quedar en libertad. No aceptó el ofrecimiento y salió libre solo cuando terminó la condena. Desde entonces comenzó a escribir y publicó el libro ‘En las garras del poder’. Allí narra lo que vivió en el encierro, las “falsas acusaciones” y los delitos imputados.

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