Varias denuncias en redes sociales se han presentado sobre campañas anticipadas que realizan algunas organizaciones políticas.
El asambleísta Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter cuestionó el uso de vallas publicitarias en Manabí para promocionar a un candidato.Por ahora no está permitido realizar campañas electorales, por lo que la valla fue retirada del lugar.
La Delegación Provincial Electoral de Manabí informó a través de su cuenta de Twitter que se encuentran controlando de forma permanente la propaganda electoral. Las organizaciones políticas fueron notificadas de esta publicidad no autorizada el 15 de noviembre de 2022. También mencionaron que se han iniciado los procedimientos legales que están estipulados en la ley electoral.
Las organizaciones políticas y candidatos deben seguir el estricto cronograma del calendario electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que desde el 3 de enero al 2 de febrero de 2023 se podrán realizar las campañas electorales. Si los actores políticos no cumplen con estas fechas, serán sancionados con multas económicas dependiendo de la gravedad de su incumplimiento.
Multas por realizar campaña anticipada
El CNE podrá identificar cualquier tipo de promoción antes de la establecida para la campaña electoral que inicia en enero de 2023. A los candidatos que realicen precampaña se les hará un descuento de su gasto electoral permitido.
También al identificarse la campaña anticipada, se la tomaría como una infracción grave electoral que se sanciona con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos. Esto corresponde de USD 4 765 a USD 8 500. De igual forma se la sanciona con la destitución y/o suspensión de derechos de participación, que pueden ir de seis meses hasta dos años.
Al pasar 90 días luego de las elecciones, las organizaciones políticas deberán entregar las liquidaciones de los valores, ingresos y egresos de la campaña. Si se hallan inconsistencias podrían pasar a auditorías especiales o presentar el caso ante el TCE.
Incurrir en esta falta muy grave a las resoluciones del CNE, se castiga con la sanción de 21 hasta 70 salarios básicos, es decir, deberán pagar entre USD 8 925 a USD 29 750, destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.
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