Juan Carlos Díaz Granados es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Foto: Cortesía
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz Granados, reaccionó ante la decisión de la Corte Nacional de calificar la demanda interpuesta por la CCG y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador contra la tasa de servicio de control aduanero.
Recordó que los argumentos presentados al organismo judicial son los mismos que esgrimieron Perú y Colombia ante la Comunidad Andina (CAN), luego de que el gobierno peruano introdujera una demanda para desestimar la tasa, vigente desde el pasado 13 de noviembre.
“Nos preocupa porque estamos perjudicándonos al infringir normas de derecho internacional”, expresó Díaz-Granados este viernes 9 de febrero en un encuentro con la prensa.
Se refirió, además, a episodios anteriores en los que la CAN había catalogado de gravamen tasas aduaneras creadas por Colombia y Venezuela en 2001 y 1998, respectivamente.
“La única misión de la Aduana es combatir el contrabando y tiene un presupuesto de millones de dólares que nosotros pagamos a través de impuestos y aranceles”, agregó.
La tasa de USD 10, vigente desde el 13 de noviembre del 2017, resta competitividad al país en el escenario local e internacional, a juicio del director de la CCG, lo que termina afectando al consumidor.
Ayer (jueves 8 de febrero 2018) la Sala Especializada de los Contencioso Tributario de la Corte Nacional calificó la demanda de acción de impugnación de la tasa de servicio de control aduanero interpuesta el viernes 2 de febrero por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador.
En el acta de juicio, el organismo señala que la demanda es “clara y completa”, fue presentada oportunamente y reúne los requisitos previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
Conforme con el COGEP, se citará al director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Mauro Andino, y al procurador general del Estado, Rafael Parreño Navas, para que contesten la demanda en un lapso de 30 días hábiles.
Después de ese plazo continúan las audiencias donde las partes exponen sus argumentos y luego se emitirá la decisión judicial.