Redacción Política
politica@elcomercio.com
La presencia de los mensajes oficiales del Estado en los medios de comunicación se incrementará si se aprueba el proyecto de Ley de Comunicación, listo para primer debate en la Asamblea Nacional.
Las disposiciones relacionadas con este tema, constan en el artículo 45. Allí se plantea que los medios de comunicación “están obligados a prestar servicios sociales gratuitos de información que sean de relevancia para la ciudadanía”.
Este planteamiento tiene dos aristas. La primera es que la ley pide transmitir, al menos una vez al mes, en un máximo de 20 minutos y en cadena nacional, mensajes informativos de las principales autoridades del Estado.
La segunda tiene que ver con la difusión de programas oficiales. Se propone que los medios de comunicación privados estén obligados a “destinar una hora diaria, no acumulable, de lunes a sábado, para programas oficiales con carácter educativo que fortalezcan los valores democráticos, la promoción de los DD.HH., la prevención de consumo de sustancias estupefacientes…”.
De esta manera, la propuesta que tiene el respaldo de la bancada oficialista, amplía el espacio de los gobernantes de turno y los titulares de las otras funciones del Estado y autoridades seccionales, a difundir cadenas nacionales.
La norma también se aplicaría para los medios impresos. A este sector se le dispone “otorgar obligatoriamente un espacio proporcional a sus respectivas publicaciones para la difusión de mensajes o informes”.
Pero, más allá de la vigencia de esta ley, el presidente Rafael Correa ha bombardeado con su mensaje gubernamental a los medios ecuatorianos en los últimos tres años. Todos los sábados se difunde el enlace ciudadano desde Ecuador TV y la Radio Pública. Ambos medios son financiados por el Estado.
Según la Subsecretaría de Información de la Presidencia, no hay un registro de cuántos medios privados reproducen ese espacio. Además, los lunes, a las 20:00, el Régimen emite una cadena nacional por todos los canales de TV, que, a las 07:30 del día siguiente, se difunde por las radios.
El Gobierno tiene también la posibilidad de emitir mensajes oficiales a través de los medios de comunicación sin una programación definida. Son espacios que obedecen a reacciones coyunturales, como lo fueron los paros o la crisis energética. En promedio, duran 10 minutos.
Los artículos 47 y 59 de la actual Ley de Radio y Televisión y su reglamento ya dispone el uso gratuito, para el Estado, de espacios en los medios audiovisuales.
Sin embargo, Kléber Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) encuentra un elemento adicional en el proyecto de Ley de Comunicación. Es la obligatoriedad de difundir una hora diaria de programas oficiales de carácter educativo. En ese sentido, productores de programación, de radio y televisión, consultados por este Diario, no saben si el
Estado estará o no en la capacidad de realizar productos de calidad para cubrir este espacio.
Carlos Jijón, de Teleamazonas, cree que la difusión de información oficial debe estar en los medios administrado por el Gobierno. “Son el espacio adecuado”.
El informe de minoría, firmado por los legisladores César Montúfar, Cynthia Viteri y Fausto Cobo propone regulaciones para la propaganda oficial y las cadenas nacionales.
Montúfar también cuestiona el incremento de estos espacios por cuanto “pudiera prestarse para un adoctrinamiento político”, pues no se podrá diferenciar lo que es educación ciudadana y lo que es proselitismo.
Lo que pasa en otros países
Según la Fundación Ethos (México), en Argentina la recientemente aprobada Ley de Medios de Comunicación Audiovisual limita la realización de cadenas nacionales a situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional.
En Venezuela, la ausencia de regulaciones para las cadenas nacionales ha originado un bombardeo mediático por parte del Gobierno, con fines político-electorales. Desde 1999 hasta noviembre de 2008, solo Hugo Chávez ha realizado un total de 1 751 cadenas de radio y televisión, que han durado 1 091 horas, equivalentes a más de 45 días ininterrumpidos de transmisión. La frecuencia y la duración de estas cadenas se han elevado significativamente durante épocas de campaña.
En Honduras, el Reglamento de Transmisión de Cadena Nacional de Difusión establece normas precisas para la realización y el contenido de cadenas nacionales, fijando, por ejemplo, un límite.
Punto de vista
Gonzalo Ruiz/ Periodista
‘Se concede un poder excesivo al Gobierno’
El proyecto de Ley de Comunicación busca imponer cuatro cadenas nacionales, al menos una vez al mes y de 20 minutos para las principales autoridades de las funciones del Estado. Ahora que son cinco funciones, si este proyecto se aprueba, tendremos que ver de manera obligatoria a estos dignatarios constantemente.
Es increíble que ahora que el poder político hace uso excesivo de cadenas de radio y televisión, no solamente para informar sino inclusive para denostar a los rivales políticos y atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, esos espacios le parezcan insuficientes.
El Gobierno tiene una docena de medios que deberían ser públicos y pueden ser empleados para divulgar contenidos educativos. Ojalá se manejen en el futuro con criterios públicos y no políticos.
Es peligroso que el Consejo de Comunicación que promueve este proyecto controlador y sancionador decida los contenidos y, peor, que disponga de espacios en los periódicos que son una actividad privada, sin ingerencia estatal en toda democracia que se respete.
Punto de vista
Luis Dávila/ Sec. de Comunicación del MDMQ
‘El espacio en los medios sí se democratizará’
Yo respaldo la propuesta de que el Estado, a través de sus instituciones, tengan espacios fijos en los medios de comunicación, sean estos públicos o privados. La razón es que los gobiernos locales tienen poca capacidad de contratar a los medios de comunicación.
Me acabo de enterar que una cadena de televisión local, muy corta, tiene un costo de USD 54 000, eso es impagable para cualquier institución.
Además, los espacios gratuitos para las instituciones estatales ya constan en la actual Ley de Radio y Televisión, el problema es que no se ha sabido aprovechar adecuadamente.
Si bien es cierto que los cinco poderes del Estado y los gobiernos locales tendrán la posibilidad de usar estos espacios gratuitos en los medios de comunicación públicos y privados, no creo que se presente una saturación. En el Reglamento de la Ley se deberán dictar los procedimientos para que las instituciones hagan uso de estos recursos. Es necesario que la comunidad también tenga acceso a espacios de información y de educación sin que tengan que depender de la voluntad de los medios