En los últimos siete años, una de las actividades más regañadas por el Gobierno ha sido la de banquero. Entre los innumerables cuestionamientos que han recibido desde el poder estos ejecutivos de traje y corbata está la responsabilidad de haber sido los causantes de la crisis bancaria, que provocó la pérdida de la moneda y la consecuente dolarización de la economía. La justicia se encargó de sancionar a unos y, en otros casos, los procesos no terminan; mientras que otros, continúan en el negocio de la intermediación financiera, antes y después de ese colapso.
Las críticas del poder a estos personajes también se orientaron hacia las buenas utilidades que ha logrado la banca privada en este país. Incluso eso determinó que el Ejecutivo los obligue a financiar el alza del Bono de Desarrollo Humano, a través de la Ley de Redistribución del Gasto Social, que se aprobó en noviembre del 2012 y entró en vigencia el año pasado.
Ahora, el nuevo escenario de confrontación está latente y el motivo ahora es el proyecto de Código Monetario y Financiero, cuyo segundo y definitivo debate tiene previsto comenzar hoy y concluir el 25 de julio en la Asamblea. Las voces que pidieron que este extenso cuerpo legal de más de 510 artículos sea analizado con más detenimiento, por la sensibilidad de su contenido, no tuvieron eco en el poder y su aprobación es casi inminente.
Sin lugar a dudas, el capítulo que más críticas tiene es el de la creación de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, integrada plenamente por cinco funcionarios del Gobierno (de turno), cuyas facultades pasarían de 48 a 55. Eso significa, mayor concentración de poder; una potestad para decidir el futuro del sistema financiero ecuatoriano, público y privado.
En el sustento de esta norma se prioriza la importancia del ser humano sobre el capital; pero se han puesto a analizar los ideólogos de esta ley, qué pasará cuando dejen el Gobierno. ¿Si un banquero llega a la Presidencia, se le entregaría demasiado poder con esta ley?