De izq. a der.: Catalina Vélez, del CES; Gabriel Galarza, Ceaaces; y Augusto Barrera y Adrián Bonilla (Senescyt). Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El modelo que está planteado para la intervención (de universidades) “es muy malo: duro para la institución y blando para las autoridades”. Eso opinó Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
Las declaraciones las realizó, ayer (14 de enero del 2018), durante la presentación de la nueva titular del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez. La entidad está a cargo de los procesos de intervención.
Del encuentro también participó Gabriel Galarza, presidente del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces). En la cita se buscó mostrar que en esta nueva etapa, los tres entes trabajarán de manera más coordinada.
Barrera criticó el modelo de intervención actual y sostuvo que debe ser modificado. En el caso de las autoridades, por ejemplo, “no solo debe haber una suspensión temporal sino definitiva”.
El objetivo – señaló – es que prevalezca el interés superior de los jóvenes. Recordó que actualmente la sanción para un rector es de 60 días.
El Secretario de Educación Superior se refirió puntualmente al caso de la Universidad Nacional de Loja. El plantel se encuentra en intervención desde el 2015 por presuntas irregularidades.
“Ante cada una de las acciones de la comisión (interventora) han venido estrategias de judicialización. Hay un galimatías jurídico”.
Además dijo que existen “violaciones a recursos públicos”.
Barrera adelantó que la Senescyt seguirá el caso para encontrar una solución para los jóvenes. “Acompañaré y activaremos los procesos en la Contraloría y en la Fiscalía”.
Este Diario buscó una reacción del centro de estudios. Y el Departamento de Relaciones Públicas indicó que “gestionará el pedido”.
Sobre este tema de la intervención, Franco Jaramillo, asesor del rectorado de la Universidad Estatal de Loja, explicó que el plantel no ha caído en un galimatías contra las medidas urgentes. Lo que ha hecho es cumplir con lo que ordena la Constitución y el Estatuto, señaló. “Es falso que se haya judicializado todas las medidas urgentes. Lo que sí se apeló a aquellas que contravienen al derecho público, al ordenamiento jurídico”.
Jaramillo, además, sostuvo que el “presidente de la comisión interventora dispuso barbaridades jurídicas”. Alguna vez – relató – dijo que se pague unas obligaciones que no tenía la universidad con el sector de los jubilados.
En un comunicado de prensa, de diciembre pasado, el rector, Gustavo Villacís, sostuvo que los estudiantes que realizan medidas de hecho, como huelga de hambre son “manipulados” por personas que no han podido ganar las elecciones dentro de la universidad.
En el mismo documento, además, se explicó que se espera el pronunciamiento de la Corte Provincial de Justicia sobre el tema de la legalidad de los concursos de docentes.
En la última semana de diciembre, Barrera se reunió con estudiantes de ese centro. Y les dijo que Senescyt y el Gobierno están comprometidos en consolidar, salvar y proyectar a la U. de Loja.
En el país hay dos universidades que están en un proceso de acompañamiento y postintervención. Se trata de la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Luis Vargas Torres de Esmeraldas. En fase final de intervención está la Universidad Estatal de Guayaquil.
Eso confirmó la nueva titular del CES. También señaló que otro de los retos en este año es la revisión de procedimientos para la aprobación de los programas de doctorados. Senescyt estará a cargo de los estudios de pertinencia; el CES, de la evaluación de aceptabilidad y normatividad; y Ceaaces, de la evaluación hacia una acreditación.
Barrera anunció que mañana se presentará el sistema de formación técnica y tecnológica, con 44 institutos.