La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, tomó su decisión luego de 40 días de analizar el caso. Ayer llamó a juicio al expresidente Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda.
La decisión incluye a Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, y a los agentes de la Policía detenidos, Raúl Chicaiza y Diana Falcón.
Además, para Correa y Romero, prófugos en Europa, dispuso que se congelasen sus cuentas bancarias por un monto “no superior a la multa y a la reparación integral de la víctima”, agregó Camacho, sin detallar un valor monetario.
Fernando Balda en rueda de prensa luego de que la jueza Daniella Camacho llame a juicio a Rafael Correa. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Dijo que también insistirá a la Interpol para que emita la difusión roja y procede a la localización y captura de Correa.
Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente, dijo que llamará por teléfono a Correa en los próximos días para analizar y decidir si vuelve o no al país.
La resolución de la jueza se dio a conocer luego de que el 28 de septiembre se suspendiera la audiencia preparatoria de juicio. En esa diligencia, Diego Chimbo, abogado de los policías, solicitó que se levantara la prisión preventiva de sus clientes y se reemplazara por el arresto domiciliario.
Ese pedido lo formuló Chimbo tras la visita que hiciera la asambleísta Sofía Espín a Falcón, supuestamente para pedirle que cambiara su testimonio que inculpa a Correa.
Jueza Daniela Camacho en la audiencia preparatoria de juicio en contra de Rafael Correa. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Ayer, en la audiencia oral, la jueza se pronunció sobre este pedido. Decidió que ambos exagentes continuasen recluidos en cárceles, ya que consideró que sus domicilios no reunían las condiciones de seguridad para dictar el arresto domiciliario. Sin embargo, indicó que dentro de la cárcel “se garantizará la seguridad” de los procesados, quienes también son testigos protegidos.
Sobre el tipo de delito, Camacho calificó el caso como un secuestro y no como una asociación ilícita con fines de secuestro, como lo había sostenido la Fiscalía desde que se inició el proceso penal, en enero pasado. Ruth Palacios, representante de la entidad, dijo que apelará la decisión de la jueza.
En la práctica, el cambio de delito implica que Correa y los demás sospechosos sean juzgados con el anterior Código Penal, señalaron los abogados. Sin embargo, los juristas explicaron que la posible pena que se aplique sería la más leve. Esta consta en el actual Código Integral Penal y es de cinco a siete años de cárcel.
En la foto, el abogado de Fernando Balda, Felipe Rodríguez (izq), y Caupolicán Ochoa (der) abogado del presidente Rafael Correa en la audiencia de caso Balda este 7 de noviembre del 2018. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Mientras que con la anterior norma, el delito de secuestro se sanciona hasta con 12 años de prisión, cuando hay maltratos a la víctima.
La magistrada comenzó la audiencia de ayer con un recuento de las evidencias y versiones que presentaron tanto la Fiscalía como los abogados de los procesados. Afuera de la Corte se congregó un grupo de simpatizantes del exmandatario. Su actitud pasó de los gritos y consignas dirigidas hacia el exasambleísta Balda y a la prensa, a los insultos en contra de Felipe Rodríguez, abogado de Balda. El alboroto no trascendió, ya que la Policía Antimotines acordonó el perímetro de ingreso a la Corte.
Adentro, los simpatizantes, tanto de Correa como de Balda, coparon la sala. A las 18:30, cuando la jueza dio a conocer su resolución, los partidarios del exmandatario protagonizaron otra protesta afuera de la Corte y lanzaron objetos.
El exasambleísta Fernando Balda en la Corte Nacional de Justicia este miércoles 7 de noviembre del 2018. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Adentro, Balda aseguraba que el siguiente paso es esperar un informe de la Contraloría sobre el dinero que se usó para su secuestro y que salió de los gastos especiales de la Senain. Una vez que esté listo el documento, planteará una denuncia por presunto peculado.
Mientras tanto, la visita que realizó la asambleísta Espín a Falcón derivó en el inicio de un proceso penal. Ayer Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional, pidió a la Asamblea que levantase la inmunidad de la legisladora para procesarla.
Abogados y asistentes esperan durante los 30 minutos de receso dispuesto por la jueza Daniella Camacha en la audiencia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
