Distintos pisos del edificio de la Contraloría General del Estado resultaron afectados durante las protestas en Quito. Foto: EL COMERCIO
¿El incendio a la Contraloría General del Estado fue un ataque planificado y coordinado a través de un grupo de Whatsapp? Esa es la línea de investigación que trazaron los agentes de la Policía y Fiscalía a cargo de este caso, por el cual hay 37 personas procesadas.
Los investigadores aseguran que en teléfonos celulares incautados se halló un chat denominado Grupo Libertador, que fue eliminado a las 20:00 del sábado 12 de octubre, horas después de que un grupo de encapuchados ingresara violentamente a las instalaciones de la Contraloría, en Quito, en el contexto de las protestas contra el Decreto 883 (derogado el 14 de octubre, con el cual se elevaron los precios del diésel y las gasolinas extra y ecopaís).
En el chat se habla de ‘Casa Blanca’, lo cual -según los agentes- corresponde a la Contraloría. En mensajes se lee: “Hay que irnos a ese lugar”. “Diríjanse al quinto piso”. “No se descubran los rostros”. “Si les cogen destruyan todos los teléfonos”.
En otros textos se habla de policías y su ubicación. Se describe el número de antimotines, de agentes del grupo de caballería y escuderos, y en qué esquinas se hallan. “Ya vienen por la calle Tarqui”, “hay que salir a recibirlos”, dice un mensaje.
Para los investigadores, esto constituye “evidencia” de que el incendio en el edificio de la Contraloría, el sábado 12 de octubre, fue concertado.
El informe del Cuerpo de Bomberos establece que las llamas se iniciaron en los parqueaderos, donde fueron incinerados tres buses y cinco autos. Pero también hay pistas de que se provocaron incendios en el cuarto y quinto pisos, donde funcionaban las áreas de Revisión de Informes y Predeterminaciones.
Otras áreas en donde hubo incendios provocados fueron talento humano, despacho del Contralor General y el lugar en donde estaban las declaraciones juramentadas.
Además de los mensajes, en el expediente judicial también constan como evidencias los videos grabados por las cámaras que no fueron afectadas.
En las imágenes se observa a grupos de jóvenes, de entre 15 y 30 años, que ingresan a las oficinas y recorren los pasillos.
Los desconocidos se acercan a los escritorios y lanzan los documentos, abren los cajones, esparcen las carpetas por los aires y rompen sillas, puertas y paredes flotantes.
La noche del 12 de octubre, un grupo de policías ingresó al edificio desde una terraza, detuvo a adultos y aisló a menores de edad (ver infografía).
Este Diario conversó con uno de los procesados, quien no recibió prisión preventiva. El joven afirmó que ese día había “instigadores”, quienes llamaban a “terminar con la opresión y el gobierno corrupto”. “Los ánimos estaban muy encendidos y hubo muchos que participamos sin pensar en las consecuencias”.
El grupo fue procesado por terrorismo, que se sanciona con cárcel de hasta 13 años.
Asimismo, la Fiscalía presentó cargos en contra de otras cuatro personas por daño a bien anejo. Ellos fueron detenidos el 8 de octubre, después de que una turba intentara ingresar a la Contraloría. La noche del 7 de octubre, hubo destrozos y la destrucción de una cámara. Al día siguiente, el contralor Pablo Celi deslindó al movimiento indígena de esa acción y habló de grupos criminales.