4 de octubre de 2018 00:00

La suerte de Sofía Espín se definirá en menos de un mes

La Presidenta de la Asamblea recibió ayer la denuncia del legislador Esteban Bernal. Foto: Cortesía / Asamblea Nacional

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Redacción Política

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Como “una oportunidad para recuperar la institucionalidad de la Asamblea” calificó el legislador Esteban Bernal, del movimiento Creo, a la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de dar paso a las investigaciones en contra de la correísta Sofía Espín.

La decisión se tomó ayer, miércoles 3 de octubre del 2018, con los votos de cinco de las siete autoridades que conforman ese organismo, dos horas después de que Bernal presentara una denuncia juramentada en contra de Espín.

El legislador acudió a las 08:30 a la Notaría 7.° de Quito, acompañado de sus asesores, para certificar el documento que luego lo entregó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), mientras el CAL estaba reunido.

Sobre el tema había conversado la tarde del martes, luego de que Cabezas suspendiera la sesión del Pleno y por la falta de consensos dejara para hoy, a las 09:00, la votación de un proyecto de resolución presentada por él en relación a este caso.

Bernal demandó que se investigue a Espín, quien afronta acusaciones de presionar a la exagente Diana Falcón, una testigo protegida, vinculada al caso de secuestro de Fernando Balda, en el que también está procesado el expresidente, Rafael Correa.

La acusa de haber incumplido con las funciones que le confieren la Constitución y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, algo que se sanciona con la pérdida de la calidad de asambleísta “sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles”.

Si bien el CAL tenía un plazo legal de cinco días para calificar la solicitud, Cabezas decidió que se lo haga ayer mismo. “La asambleísta Espín debe entender que la época de arbitrariedades se terminó. Los hechos generados por ella riñen con principios éticos y morales intrínsecos al rol para el que fuimos elegidos”, indicó.

Soledad Buendía, una de las integrantes de ese organismo, dijo no estar de acuerdo con el proceso que afronta su compañera de bancada. “Yo voté en contra, obviamente”, dijo Buendía, a su salida de la reunión. Mientras Verónica Arias (ARE) se abstuvo de participar de esta decisión.
Los siguientes pasos

De acuerdo con el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa, corresponderá al Pleno conformar una Comisión Multipartidista, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe en el plazo de hasta 10 días.

Esa instancia deberá convocar a la legisladora para que ejerza su derecho a la defensa durante la investigación y también tendrá la oportunidad de ser escuchada por el Pleno luego de conocido el informe y antes de que se tome votación.

Según el socialcristiano Luis Fernando Torres, uno de los vocales del CAL, se requieren de por lo menos 70 votos de los 137 miembros del Parlamento para que Espín sea despojada del cargo.

De acuerdo con Cabezas, la conformación de esa Comisión se dará “lo más pronto posible” en una de las sesiones de la Asamblea. Torres espera que quienes conformen la comisión multipartidista sean legisladores que garanticen el debido proceso.

“Quien acusa debe fundamentar y quien se defiende debe contrastar las pruebas, pues debe tomarse una decisión imparcial”, aseguró el legislador socialcristiano, quien señaló que el desenlace tomará menos de un mes.
Viviana Bonilla (ex AP), por su parte, precisó que el trabajo del CAL no es sustentar la denuncia, sino analizar si se cumplen los requisitos para darle trámite, como ocurrió ayer.

En el documento entregado por Bernal solicitó que el CAL, al ser la autoridad competente, señale día y hora para ratificar lo denunciado bajo juramento.
Entre las pruebas, el legislador cuenta con un informe de la Directora de la cárcel donde está retenida la exagente Diana Falcón. El documento evidencia las “irregularidades”, dijo, cometidas por Espín al ingresar “con engaños” a la cárcel donde está Falcón.

Espín, quien ha dicho que su visita tuvo el carácter de humanitario, anunció vía Twitter que el Ministerio de Justicia le entregue esos mismos documentos.
Ayer, Paúl Granda, ministro de Justicia (e), denunció que Falcón habría sido amenazada por otra interna en la cárcel, tres días después de la visita.

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