8 de mayo de 2019 00:00

Tres propuestas para ampliar la indagación del caso ‘Arroz verde’

Gustavo García, abogado de Pamela M., dijo que su cliente fue procesada con evidencias obtenidas ilegalmente. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Reds. Seguridad y Política (I)

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La supuesta trama de aportes ilícitos a la campaña de Rafael Correa, en el caso denominado ‘Arroz verde’, genera nuevas reacciones.

La Corte Constitucional, los legisladores y un gremio de abogados del Guayas solicitan que se amplíe la investigación por fuera del ámbito penal.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional es que la Fiscalía y la Contraloría deben “investigar el paso por la función pública” de las dos procesadas. Pamela M. fue vicepresidenta de la Corte Constitucional; Laura T., según su propia declaración, tiene actualmente un nombramiento definitivo como funcionaria de esa institución.

En el periodo de Pamela M., entre noviembre del 2015 y agosto del 2018, el alto organismo de justicia arrendó las instalaciones del Colegio de Abogados del Guayas, cuyo presidente es Jimmy Salazar, esposo de la procesada. El valor fue de USD 13 000 mensuales más IVA.

La Corte se refirió sobre este punto. Aclaró que después de que Pamela M. fuera cesada de su cargo, la entidad finalizó unilateralmente el contrato.

Otro pedido de investigación lo hizo ayer (7 de mayo del 2019) Priscila Carbo, presidenta del Frente Amplio de Abogados del Guayas. Dijo que un grupo de juristas solicitará una auditoría a la gestión de Salazar.

Él no ha sido imputado por la Fiscalía y ha defendido la inocencia de su esposa y su gestión. Aseguró que su cónyuge es “víctima de la administración de la justicia” y “de un proceso de persecución”.

Según el jurista, ella fue procesada con “pruebas inexistentes”. Además, indicó que el expediente de su esposa “ha despertado la sed de usurpación” en el gremio que preside.

En cambio, en la Asamblea, los legisladores propusieron dos vías para dar seguimiento al caso. Desde el bloque de Creo, la asambleísta Jeannine Cruz planteó que se conforme una comisión ocasional multipartidista para que investigue.

Karina Arteaga, de la bancada de Alianza País, sugirió que el Pleno elabore un exhorto para que la Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral auditen las cuentas de todas las organizaciones políticas. Ambas iniciativas fueron ayer analizadas.

Según el expediente fiscal, las sospechosas habrían organizado un esquema financiero para camuflar los aportes de firmas contratistas con el Estado para la campaña presidencial del 2013. Por esta razón, fueron procesadas por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencia, en “concurso real de infracciones”.

El penalista Gabriel Ponce, explica que el concurso real de infracciones es una figura legal se aplica para que lograr la acumulación de las penas y para investigar tres delitos diferentes en un mismo hecho.

Sin embargo, señala que por cada delito, la Fiscalía debe tener una teoría diferente y pruebas con las que explique cómo se cometieron. Dice que, en este caso se detecta un vacío legal que permite el poco control de los fondos que reciben organizaciones políticas por parte de empresas. “Hay que ampliar y mejorar los controles para detectar a tiempo este tipo de hechos”.

Ayer (7 de mayo del 2019), Enrique Pita y Luis Verdesoto, vocales del CNE, señalaron que pedirán al Pleno que se solicite a la Dirección de Fiscalización del CNE un examen de la contabilidad de los gastos electorales de AP, para las elecciones generales del 2013.

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