
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de bienes dispuesto en la causa conocida como “Vialidad”, por la que la expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, según información recogida por la agencia EFE.
La decisión ratifica lo establecido en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que ordenó el decomiso para cubrir un perjuicio al Estado estimado en cerca de 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares).
El fallo incluye un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a la exmandataria, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso.
En una primera etapa, la Justicia avanzará sobre unas 20 propiedades relacionadas con Fernández y su entorno familiar, mientras que más de 80 corresponden a Báez y empresas asociadas a la trama investigada, de acuerdo con EFE.
Los jueces desestimaron los planteamientos de las defensas que buscaban frenar el decomiso, al considerar que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos.
Además, señalaron que la medida tiene como objetivo recuperar activos vinculados a hechos de corrupción y evitar que los beneficios obtenidos permanezcan en manos de los condenados.
La resolución establece que el decomiso también puede aplicarse a bienes transferidos a terceros, incluso aquellos recibidos por herencia.
El tribunal consideró que el origen ilícito de los activos no cambia por su traspaso, lo que permite ampliar el alcance de la medida sobre el patrimonio vinculado a la causa.
El fallo incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien sostuvo que en algunos casos no se evaluaron adecuadamente los argumentos de las defensas.
El magistrado cuestionó el análisis sobre bienes heredados por los hijos de la expresidenta, aunque su postura no modificó la decisión mayoritaria.
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. En diciembre de 2022, Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que permitió ejecutar la pena y las medidas económicas derivadas del caso, según detalló EFE.
Con información de EFE
La Cámara confirmó el decomiso de bienes dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2. Esta medida busca recuperar cerca de 685.000 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) considerados como perjuicio al Estado.
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