15 de diciembre de 2020 17:55

Aplazar la primera vuelta de comicios 2021 sería causal de nulidad de las votaciones

Imagen referencial. El Código de la Democracia establece un candado legal en relación a la fecha del sufragio. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Imagen referencial. El Código de la Democracia establece un candado legal en relación a la fecha del sufragio. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Andrés García

El enredo legal y la incertidumbre en relación a las elecciones generales del 2021 crecen, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera ingresar una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional (CC), para que dirima sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que otorgó nuevos plazos para la inscripción de candidatos de Justicia Social, para todas las dignidades en disputa. El movimiento intenta inscribir al empresario Álvaro Noboa como su candidato para la Presidencia.

Tras la polémica resolución que, además, pide al TCE la revocatoria del auto de ejecución de la sentencia “en razón de que constituye una evidente intromisión en las competencias exclusivas del CNE”, ni la presidenta Diana Atamaint, ni los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto han aclarado cómo avanzarán en el cumplimiento del cronograma de los comicios.

El único que salió al frente fue el vicepresidente, Enrique Pita, quien dijo que se podría, en un supuesto caso, “mover la primera vuelta una o dos semanas”. Según el calendario aprobado, la primera vuelta está programada para el domingo 7 de febrero del 2021.

La preocupación del CNE radica en que todavía no se cierran las listas definitivas de candidatos y restan apenas 54 días para los comicios. De hecho, desde este martes 15 de diciembre del 2020 se preveía iniciar con la impresión de más de 52 millones de papeletas, pero no fue posible.

Sin embargo, la consultora electoral Dayana León dice que la propuesta de Pita no tiene asidero, pues el Código de la Democracia establece un candado legal en relación a la fecha del sufragio. En el artículo 143 de la Ley Electoral se establece que se declarará la nulidad de las votaciones “si se hubieren realizado en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria”.

Pita aclaró que existen fechas “hito” que son inamovibles, porque así lo dispone la Ley. Particularmente, la norma electoral, en su artículo 91, establece que el nuevo Presidente de la República se posesionará el 24 de mayo del año de las elecciones, los asambleístas el 14 de mayo, y los parlamentarios andinos el 19 de ese mes.

Antes de aprobar la resolución que puso el futuro de Justicia Social en manos de la Corte Constitucional, la propia Atamaint reconoció que no era posible cambiar la fecha de las elecciones.

Daniel González, experto en derecho electoral, recordó que la convocatoria a elecciones se realizó el 17 de septiembre pasado y ahí se fijaron las fechas para la primera y segunda vuelta electoral (11 de abril del 2021). Señala que el Código de la Democracia no contempla que se pueda volver a realizar una segunda convocatoria a elecciones.

Hasta las 14:00 de este martes, el CNE todavía no remitía la demanda de competencias a la CC. González explicó que ese recurso no tiene efectos suspensivos, ya que la Corte podría admitirla a trámite o no, y el Consejo seguiría incumpliendo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral.

Según Arturo Cabrera, presidente del TCE, los cinco consejeros del CNE han desacatado la sentencia desde hace ya 45 días. El magistrado, encargado de seguir la causa, presentará un informe al Pleno del Tribunal, sobre el cumplimiento del fallo. Señaló que los jueces electorales podrán tomar medidas.

El magistrado Ángel Torres, del TCE, aseguró que la actuación del CNE en el caso de Justicia Social constituye una infracción electoral muy grave que puede ser sancionada con multa de entre 21 y 70 remuneraciones básicas unificadas, la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos entre 2 y 4 años, a quienes incumplan las sentencias del TCE.

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