El acuerdo amigable al que llegaron los prefectos de Pichincha, Gustavo Baroja; y de Cotopaxi, Jorge Guamán, dio una buena señal a los demás sobre cómo se pueden zanjar los conflictos por la indefinición de los límites, sin llegar a la pelea.
No hubo discursos patrioteros ni se generó tensión, como ocurrió con Guayas, donde el prefecto Jimmy Jairala comenzó una campaña mediática en ‘defensa del territorio’ de la provincia. Esa posición, posteriormente, provocó una confrontación en Abdón Calderón por la reacción de quienes creen que ese sitio pertenece a la provincia de Azuay. Hubo siete detenidos.
Solo después de ese incidente, Jairala y su par Paúl Carrasco se sentaron a conversar esta semana para encontrar una solución en paz hasta diciembre, por una zona de 607 kilómetros cuadrados.
El pacto de Baroja y Guamán es seguido por los prefectos de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, quienes también iniciaron esta semana conversaciones para poner fin a la disputa por Las Golondrinas y la Sexta, un territorio rico en producción agroindustrial.
Los acuerdos amistosos son una alternativa para cerrar los temas pendientes de límites. Otra manera de hacerlo es llegar a la consulta, para que los pobladores decidan a qué provincia quieren pertenecer.
En el país ya tenemos un antecedente que dio buenos resultados: la consulta popular en La Concordia. El 5 de febrero del 2012, los concordenses decidieron en las urnas que querían ser parte de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Así se terminó un viejo conflicto con Esmeraldas.
Los acuerdos o las consultas acelerarán con prontitud la resolución de estas eternas disputas, tomando en cuenta que la Ley de Fijación de Límites estableció un plazo que terminará en abril del siguiente año.
Pese a que la Ley fue aprobada hace cerca de un año y medio, poco se ha avanzado para poner fin a los 768 conflictos que están latentes e involucran a 16 provincias.