El Concejo Cantonal de Ambato se reunió el viernes 3 de marzo para tratar el tema de los fotorradares. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO
En sesión extraordinaria el viernes 3 de marzo del 2017, el Concejo Cantonal de Ambato decidió que el alcalde Luis Amoroso aplique las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado al contrato de concesión de los fotosensores que funcionan en la urbe.
En el documento del organismo de control solicitaba “una renegociación del contrato de los fotorradares en los términos contractuales a fin de que la Municipalidad obtenga una mayor rentabilidad”, eso debido a que en la actualidad la empresa concesionaria se llevaría el 58% de los ingresos del cobro de multas por el exceso de velocidad de los conductores. Estas infracciones son registradas por los ocho equipos electrónicos ubicados en los ingresos y salidas de la capital del Tungurahua.
Amoroso aseguró que con la resolución del Concejo Cantonal podrá renegociar el contrato e inclusive dejar sin efecto el mismo si es nocivo a los intereses de la ciudad. “Hemos logrado vencer algunos obstáculos y lo haremos en los términos correctos, de ninguna manera vamos a evadir nuestra responsabilidad”.
Mencionó que pondrá en conocimiento los términos en que se revisará el contrato o de no llegar a ningún entendimiento con la otra parte. “Tenemos la oportunidad para dejar sin efecto el contrato, la Municipalidad tiene la capacidad de instalar sus propios censores en beneficio de Ambato. Si no hay beneficio para la ciudad, no se podría tener una renegociación adecuada”.
Para el concejal Robinson Loaiza el Burgomaestre debe analizar, en base a todos los documentos que hacen referencia a incumplimientos de procedimientos e inobservancias administrativas, para que adopte una decisión. “Si es necesario deberá declararse por terminado el contrato o renegociar, pero esa es una competencia netamente administrativa y no del Concejo”.
Afirmó que espera que los ediles conozcan los términos de la negociación del contrato en forma clara “con la idea de que el Municipio recupere la confianza perdida”. Eso se debió a que existen personas de primera y de segunda, es decir, a unos se les cobra las multas por exceso de velocidad y a otros no.