Ayer, María Alejandra Vicuña acudió a la Corte Nacionalpara conocer su sentencia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
María Alejandra Vicuña ingresó sonriente al mezzanine de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Se sentó en el sitio de los acusados y guardó silencio por 30 minutos.
A medida que el juez nacional Marco Rodríguez, presidente del Tribunal Penal de Juzgamiento, leía los detalles de su sentencia, el rostro de la exvicepresidenta de la República se tornaba rígido.
Hubo frases del magistrado que provocaron la reacción de la exfuncionaria, acusada por concusión en el caso Diezmos. Hizo ligeros movimientos de cabeza, como si quisiera negar lo escuchado, cuando Rodríguez afirmó que el Tribunal “llegó al convencimiento, más allá de toda duda” de que ella solicitó ilegalmente aportes económicos a sus colaboradores, entre 2011 y 2016, cuando fue asambleísta por Alianza País.
El juez agregó que el argumento de Vicuña, de que esos montos eran voluntarios, resultaba “estéril” y un “subterfugio”, pues las transferencias por USD 43 295 se hicieron a las cuentas bancarias de la exfuncionaria; pese a que la Constitución y el Código de la Función Legislativa le prohibían recibir dinero “más aún de sus trabajadores, con los que tenía una relación vertical (de poder)”.
En las audiencias pasadas, Vicuña había argumentado que las sumas eran para financiar las actividades del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), que no tiene personería jurídica y por lo tanto no era posible tener cuenta bancaria a nombre de la agrupación.
Para el juez, las declaraciones de cuatro excolaboradores de Vicuña, sobre los montos que entregaban mensualmente, resultaron “inequívocas y concordantes”.
Añadió que, más allá de que ABA no tenía un registro contable del dinero, sus actividades de promoción de derechos de participación ciudadana y de difusión de información pública son acciones que competen al Estado.
Así que, las acciones que realizó Vicuña con la agrupación constituyen un “servicio público impropio” y que debía cumplir principios que rigen la participación ciudadana como “la responsabilidad de la transparencia y la rendición de cuentas”.
La exvicepresidenta parecía no inmutarse. Seguía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija al Tribunal, que además estaba integrado por los jueces Daniella Camacho y Wilmar Terán.
“En cuanto a la pena”, agregó Rodríguez, “este Tribunal estima que la pena justa y proporcional para la procesada, tomando en cuenta el daño infringido, es la de cuatro años de prisión”.
En ese instante, Vicuña se giró hacia su abogada y le susurró algo al oído. Su cara denotaba preocupación, pero el juez siguió con la lectura del fallo. La autoridad añadió que el Tribunal valoró dos atenuantes: el hecho de que la exvicepresidenta haya colaborado con la justicia durante la investigación y que siempre se presentó en las audiencias públicas.
Por esas razones su condena se redujo a un año de prisión. Además, como indemnización al Estado deberá cancelar USD 173 180, cuatro veces más de lo que habría recibido de sus antiguos colaboradores. Ordenó el decomiso de su casa y la publicación de la sentencia en tres diarios de difusión nacional.
Vicuña salió de la Corte ofuscada. En todas las audiencias a las que había asistido dedicaba tiempo para dar declaraciones y decir que es inocente. Luego se subía a un auto y volvía a Guayaquil.
Ayer salió de prisa. Se abrió pasó entre camarógrafos y periodistas y abandonó el edifico rumbo al parqueadero. Mientras caminaba dijo que no estaba conforme con el pronunciamiento, porque desde que estalló la denuncia, en noviembre del 2018, ha estado “enfrentando esta situación con toda la altura, como la gente honesta”. Anunció que apelará el fallo.
En contexto
En noviembre del 2018, Ángel Sagbay, antiguo asistente de Vicuña, denunció en una notaría que la entonces Vicepresidenta había solicitado aportes económicos a cambio de permanecer en los cargos cuando trabajaron en la Asamblea.