¿Adónde van los servicios públicos?

Roberto Carrión C.

Uno de los temas importantes para el desarrollo del país es la provisión de los servicios públicos y sobre todo de los cuales el Estado se ha hecho responsable: agua potable, electricidad, telecomunicaciones.

Si bien las constituciones declaran que estos servicios se  deben prestar con eficiencia, calidad, universalidad, continuidad, regularidad,  se debe pasar a hechos reales y que puedan ser percibidos por la ciudadanía como servicios eficientes.
El que exista una Ley de Empresas Públicas (LEP)  permitirá un ordenamiento, de  forma que estas empresas puedan organizarse internamente,  a fin de prestar este tipo de servicios.

La LEP como concepto es importante que exista, y es también necesario que esta pueda complementarse con otras leyes que coordinen aspectos generales en el control de los servicios (la creación de las superintendencias) y leyes sectoriales que permitan normar a cada uno de estos, pues hay que reconocer que el sector eléctrico es muy distinto que el de telecomunicaciones, y estos dos del de vialidad u otros.

La nueva Constitución ha impuesto una tarea muy importante para poder estructurar una prestación de servicios públicos de responsabilidad estatal. Se debe, como primer paso, clarificar la estructura institucional de este importante sector: Estado, empresas prestadoras y órganos de control. El primero dando las políticas claras de cómo se lo debe hacer; las segundas, con la suficiente independencia e ingresos que le permitan prestar el servicio  presente, eficientemente, y afrontar la expansión del mismo (empresas autosustentables),  y,  finalmente, los órganos de control, que deben gozar de la suficiente independencia, que le permita exigir el cumplimiento de los niveles de calidad.

El Gobierno tiene la palabra de qué clase de servicios quiere para la población.

Es hora escuchar, hora de dialogar, hora de construir el país.