18 de junio de 2019 20:26

Acuerdo por una vida libre de violencia afina un protocolo único de atención a víctimas

El encuentro denominado Acuerdo Nacional por una vida libre de violencias se realizó este martes 18 de junio del 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El encuentro denominado Acuerdo Nacional por una vida libre de violencias se realizó este martes 18 de junio del 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Presentar la denuncia ante la Fiscalía. Responder a las preguntas de agentes policiales. Ser entrevistado por personal del Ministerio de Educación o de Salud. Seguir la ruta propuesta por las juntas cantonales de protección de derechos.

Este es solo un resumen del vía crucis que puede atravesar una víctima de violencia en el país. El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, informó este martes 18 de junio de 2019 que hay avances en la unificación de los protocolos de atención, dentro del Acuerdo Nacional por una vida libre de violencias.

“Fue un trabajo complejo porque existían protocolos en varias instituciones. Hubo que hacer un ejercicio de desprendimiento para establecer un protocolo que sea sencillo de entender a la ciudadanía”. El mecanismo será presentado dentro de un mes.

Ledesma explicó que el objetivo de la unificación es que tanto las víctimas como quienes detecten casos de vulneración puedan reconocer a qué entidad acudir, según las medidas cautelares que requieran.

Hasta abril de 2019, la Fiscalía General del Estado registró 1 685 casos de violencia física contra la mujer y miembros del núcleo familiar. El año pasado fueron 4 379 casos. La violencia sicológica reporta 11 422 denuncias, mientras la violencia sexual suma 65 casos en los cuatro primeros meses el año.

Para Rocío Rosero, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, una de las prioridades del acuerdo es fortalecer el sistema nacional de protección. Por ahora, cerca de 40 000 personas han sido parte de los servicios de protección integral y cerca de 3 000 mujeres y niños permanecen en casas de acogida.

“En este año esperamos consolidar esa institucionalidad que atiende y protege a las víctimas. Pero no es solo la atención inmediata, sino el empoderamiento económico de la mujer. Muchas veces las mujeres no salen del círculo de la violencia porque no son autónoma económicamente”.

Para esto, Rosero dijo que se necesita el apoyo de la banca pública y de programas de inclusión económica que activen mecanismos de financiamiento. “BanEcuador, por ejemplo, tiene préstamos para mujeres en este tipo de situaciones. Pero todavía tenemos que afinar mecanismos en varios territorios del país, que nos permitan dar paso a la reconstrucción de las vidas de las mujeres y sus familias”.

A la reunión de este martes acudieron los representantes de organizaciones sociales y ministerios.

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