El debate del proyecto de ley del aborto por violación todavía no se agota. Antes de que esta norma entre en vigor, el presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para presentar sus observaciones al texto o disponer su publicación en el Registro Oficial.
Si bien Lasso todavía no se ha referido al tema, ya ha anticipado previamente que lo vetará si no se ajusta a los estándares de la sentencia de la Corte Constitucional, que el 28 de abril del 2021 despenalizó el aborto por violación en el país.
El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, manifestó que el mandatario evaluará su decisión, en función del proyecto aprobado el jueves pasado. Al igual que el resto de bancadas, dejó en libertad a sus asambleístas para que decidan.
¿Es factible el veto total?
El politólogo Arturo Moscoso mencionó que el jefe de Estado tiene la facultad de presentar incluso un veto total al texto, pero señaló que esto sería “irresponsable” porque implicaría que no se pueda volver a tratarlo, sino al cabo de un año.
Moscoso agregó que si eso ocurre “se estaría incumpliendo expresamente lo dispuesto por la Corte Constitucional”, que ordenó la aprobación de esta norma para regular la despenalización del aborto por violación.
“Legalmente no cabría y responsablemente con la ciudadanía, con la necesidad, tampoco. Entonces, esperemos que el Presidente entienda esto y que no haya veto o que el veto sea parcial en temas que no alteren el espíritu de la sentencia”, anotó el experto.
La directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, cree que el Ejecutivo optaría por un veto parcial. Cree que tampoco podría irse en contra de la sentencia de la Corte que despenalizó el aborto por violación.
“Este veto parcial tampoco podría inobservar los estándares mínimos que ha puesto la Corte Constitucional en su fallo como, por ejemplo, no podría solicitar sentencia condenatoria por violación, porque la Corte dice que este requisito no debe ser fundamento para proceder al aborto”, señaló.
Agregó que el Ejecutivo, “en la medida en que respete los parámetros establecidos en el fallo de la Corte podría hacer todas las observaciones que considere pertinentes porque el fallo de la Corte también manda a la adopción de una serie de medidas, de políticas, de acciones por parte del Estado para proteger y garantizar los derechos de las víctimas”.
Opinión de la Defensora del Pueblo
La vocera de la Defensoría del Pueblo, Ximena Cabrera, calificó como una barrera que se fijara en 12 semanas y, de manera excepcional, en 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad, el plazo máximo para el aborto por violación.
La funcionaria advirtió que se mantendrán vigilantes de la decisión del Presidente y dijo que si, a través del veto, se reducen los plazos, “sería realmente lamentable y muy doloroso para la realidad de las niñas y adolescentes que están sufriendo violación”.
Fue este organismo el que presentó el proyecto por disposición de la Corte para su discusión en la Asamblea, sin incluir plazos y requisitos, que se configuraron en los principales nudos críticos para el debate parlamentario.
“En las recomendaciones que a la Defensoría del Pueblo nos hicieron es que países hermanos como Colombia, Argentina, Chile, la causal violación ya cumple un requisito… para poder acceder a este derecho. Entonces, los plazos no tienen correlación a esto”, dijo Cabrera en Sonorama.
Si el presidente Lasso veta parcialmente este proyecto, la Asamblea tendrá un plazo de 30 días para allanarse a las observaciones (con 70 votos) o ratificarse (con 92 votos) en el texto aprobado por el Pleno.
La regulación
¿La Asamblea cumplió con su tarea? El constitucionalista André Benavides señaló que el Parlamento sí cumplió con su función al haber establecido plazos en este proyecto.
Pero Ismael Quintana consideró que el incumplimiento de esta función se dio al no haber definido requisitos como el examen médico, denuncia o declaración jurada para que la mujer acceda al procedimiento, que fueron requeridos por la Corte. Por lo que apeló al veto parcial.
El texto aprobado, en el art.20, dice que “bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación”.
La sentencia
En la sentencia habla sobre la necesidad “de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente, lo que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestión permitido (semanas), pues no le corresponde a esta Corte fijar las limitaciones temporales para la interrupción del embarazo”.
Además, sugirió que se considere “por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador”.
El texto aprobado el jueves no satisfizo ni a la ponente del proyecto, Johanna Moreira (ID), ni a los asambleístas que, como Sofía Espín (Unes), impulsaban una contrapropuesta para la resolución en el Pleno.
Ambas llamaron al presidente Lasso para que, a través de su capacidad de veto, “mejore” el proyecto. Moreira expresó su desacuerdo con el plazo para el aborto por esta causa,
Por su parte, Espín cree que no se cumplió con el objetivo de encontrar un punto medio entre los derechos de los no nacidos y de las mujeres.
Así votaron los asambleístas
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori; el jefe de bloque del oficialismo (Creo), Juan Fernando Flores, la jefa de la bancada de Unes, Paola Cabezas; el jefe de bloque de la ID, Marlon Cadena, y el jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, fueron parte de los 75 asambleístas que votaron a favor.
En contra estuvieron el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres; la presidenta de la Comisión de la Niñez, Pierina Correa (Unes); y otros 39 legisladores. Darwin Pereira (Pachakutik) y Dalton Bacigalupo (ID) fueron parte de los 14 legisladores que se abstuvieron.
En cambio, no participaron de esta sesión siete asambleístas, entre ellos Soledad Diab (PSC) y Freddy Rojas (Creo).
Para este resultado fueron decisivos los últimos ajustes que se dieron en el texto y los votos de los 27 legisladores que, en una primera votación se abstuvieron de apoyar el informe de mayoría, con lo que faltaron 4 votos para ser aprobado.