Al legislador Andrés Páez (ID) le parece “una singular coincidencia” que Francisco Torres, director General Administrativo de la Asamblea Constituyente, sea esposo de Fabiola Carrasco, alterna del presidente Fernando Cordero.
Y le llama la atención que no haya sido llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación. Esto si se toma en cuenta que un informe de la Contraloría, realizado en torno a los contratos y gastos de Montecristi, sugiere la responsabilidad civil culposa del funcionario por USD 11 770,54, que mantiene su cargo en la actual Asamblea Nacional.La Contraloría desarrolló un examen especial al proceso de contratación y pago de remuneraciones de asesores y asistentes administrativos, en el período comprendido entre el 29 de noviembre del 2007 y el 5 de junio del 2008. También hubo una investigación a las operaciones administrativas y financieras, hasta el 21 de octubre del 2008.
Según el presidente Cordero se trataría de un informe borrador y no de un documento final y oficial. Por eso aseguró que a su bloque, y a él como titular del Legislativo “les interesa transparentar las cosas y no permitir que con un borrador se hagan acusaciones y se adulteren los hechos”.
Pero Páez cree que Cordero le debe, por lo menos, una explicación a la ciudadanía, si se toma en cuenta que Torres fue nombrado directamente por él. Este cargo no requiere un concurso de oposición y merecimientos.
“Cordero lo mantiene en el cargo bajo su responsabilidad, pese a que tiene un listado de acusaciones en su contra”, dijo Páez.
Julia Ortega, directora de Comunicación del Legislativo, señaló que el funcionario ha solicitado a la Contraloría emitir un informe final. Esto porque él y otros involucrados ya presentaron pruebas de descargo, a su tiempo, sobre el documento que presenta Páez. Este Diario no logró obtener una respuesta de Torres.
Por su parte, Cordero negó las acusaciones y ratificó que “es un abuso hablar de cosas ya esclarecidas”. Señaló que la Fiscalía ha tenido tiempo suficiente para pronunciarse y permitir que los inculpados ejerzan sus derechos a la defensa. Finalmente indicó: “Por entusiasmo pudimos haber metido la pata, jamás la mano”.
Tras publicaciones realizadas por este Diario, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación a las presuntas irregularidades en contratos de la Asamblea Constituyente, de Montecristi.
Sobre eso, Torres, en una carta ya publicada, precisó que el informe de la Contraloría no ha sido cerrado y que con la presentación de varios documentos las acusaciones del informe de Auditoría 1 ya fueron desvirtuados.