La vigilancia de las Fuerzas Armadas se mantendrá en las instalaciones de la Asamblea Nacional hasta febrero próximo. Esa decisión la tomó ayer el presidente Rafael Correa, quien emitió el Decreto Ejecutivo número 571, para disponer esa medida.
En ese documento se establece como zona de estado de excepción a todas las instalaciones de la Legislatura, que tiene su sede principal en las calles Piedrahíta y Gran Colombia, en Quito.
Justifica su decisión porque algunos integrantes de la Policía (quienes conformaban la Escolta Legislativa) “distorsionaron severamente y abandonaron su misión” durante la sublevación del 30 de septiembre pasado.
Según la denuncia presentada por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ese día varios uniformados no permitieron el ingreso de los asambleístas de Alianza País. Y muchos de sus colegas fueron golpeados y atacados con gases lacrimógenos. Por eso se ha iniciado una indagación penal en contra de los gendarmes.
En el Decreto se señala que hasta el momento, “las secuelas de ese suceso no se han podido superar, lo que pudiera generar gran conmoción interna si la Asamblea no pudiera ejercer a plenitud sus atribuciones”.
Por ese motivo, Correa dispuso que la custodia militar permaneciera por 60 días en las instalaciones, tal como se ejecuta desde el 1 de octubre pasado.
Para el cumplimiento de esa tarea, ordenó que el ministro de Defensa, Xavier Ponce, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aplicaran un plan de contingencia para salvaguardar la sede de la Legislatura.
En el documento presidencial no se establece ninguna limitación para el acceso o tránsito de las personas a la sede de la Asamblea; solo se dispone a los militares que protejan la seguridad de los asambleístas, del personal y de las personas que visitan y viven en los alrededores.
De esta forma, el estado de emergencia terminó en Quito, aunque en los últimos días es más evidente el control que realizan militares en las calles. Sin embargo, esa acción está comprendida en las operaciones para controlar los delitos.
La decisión de que los militares sigan en la vigilancia de la Asamblea, no convence a todas las fuerzas políticas. Los asambleístas Fausto Cobo, de Sociedad Patriótica, y Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, manifestaron su oposición.
Ambos coincidieron que no hay razón para que los soldados sigan en la custodia de la Legislatura. Pero Cordero recalcó que la iniciativa servirá hasta que se concrete una reforma legal al servicio de Escolta Legislativa.
La intención es que militares y policías compartan esa responsabilidad y no solo los gendarmes como lo ordena la ley.