Los análisis sobre el paro indígena dan la impresión de que este tipo de levantamientos carece de raíces, pero la revisión etnohistórica evidencia que se trata de un problema estructural. Así lo demuestra el libro de Segundo Moreno Yánez, ‘Sublevaciones Indígenas’, que mediante la revisión de doce insurrecciones sucedidas desde el siglo XVIII muestra cómo pasaron de la protesta al abierto conflicto colectivo.
Aunque la investigación se centra en la Audiencia de Quito –territorio que corresponde al actual Ecuador– el autor asegura que la situación de los indígenas no cambió con la independencia, sino que su explotación pasó de manos de la metrópoli española a los criollos y los mestizos que crearon la nación, lo cual explica por qué los levantamientos se han mantenido y agudizado en la república.
La línea de continuidad de las sublevaciones indígenas se evidencia en elementos comunes que se repiten desde el siglo XVIII hasta la actualidad: los reclamos no se dirigen al sistema de explotación en general sino que denuncian los abusos de un dominador específico que les arrebata sus bienes mediante el endeudamiento, la imposición de tributos y el despojo de tierras. Estos levantamientos se organizan en el ámbito rural y se ejecutan en las ciudades, que se entienden como los centros geográficos del poder.
Dicha continuidad se comprueba también en la actitud de las élites, que se han guiado por la misma lógica desde la Colonia: mantienen un pago ínfimo por el trabajo indígena, cuya explotación les asegura importantes rendimientos económicos y niveles de vida superiores a los de sus subordinados, a los que controlan con sistemas de represión violentos, desde ciudades a las que consideran su posesión y el lugar fuerte de su defensa.
Este breve resumen de la forma en que el sistema colonial se mantiene hasta hoy, con modernizados ropajes, es un llamado de atención a los valores democráticos que, por lo menos en teoría, rigen al Ecuador desde hace 200 años.