El juez de la Primera Sala de la Corte Constitucional, Alfonso Luz, tiene en sus manos uno de los casos más polémicos de la política y la justicia del país en los últimos 13 años.
Luz deberá presentar un informe sobre el pedido de revisión de los fallos judiciales en contra del ex presidente de la República, Abdalá Bucaram (1996-1997).
Para argumentar su decisión, Luz convocó hoy a una audiencia a los abogados del ex Mandatario. Además, al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, quien dictó la orden de prisión contra Bucaram en 2006.
Está previsto que la diligencia se inicie a las 10:00 y que en ella participen los otros dos integrantes de la Primera Sala: Patricio Pazmiño y Ruth Seni Pinoargote.
El ex Mandatario pretende que los juicios por supuesto peculado que se siguen en su contra sean anulados. Los casos se iniciaron en 1998, luego de que Bucaram fuera destituido de la Presidencia.
En ese entonces, se abrieron las investigaciones penales para descubrir un presunto mal manejo en los fondos de gastos reservados de la Presidencia, así como anomalías en el caso Mochila Escolar.
En el trámite de esos dos procesos se dictó una orden de detención en contra del ex Presidente. Eso ha sido el motivo para extender su asilo político en Panamá desde febrero de 1997.
En los últimos años, sus coidearios del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y sus familiares optaron por el retorno, como una fórmula de negociación política.
Eso funcionó en la presidencia de Lucio Gutiérrez (2005), cuando la mayoría legislativa de Sociedad Patriótica, PRE y el Prian tumbaron la Corte Suprema y escogieron sus propios jueces.
Guillermo Castro, quien era amigo de Bucaram, fue presidente de ese tribunal. Él anuló los juicios contra Abdalá Bucaram.
La absolución motivó la protesta ciudadana que terminó con la caída de Gutiérrez, la destitución de la Corte y la anulación de los fallos que beneficiaron a Bucaram.
En enero del 2006, Jaime Velasco, como presidente de la nueva Suprema, ratificó los expedientes contra Bucaram y activó su orden de captura. Según el antiguo Código de Procedimiento Penal, estos juicios estarán suspendidos hasta que el ex Mandatario se entregue a la justicia o sea detenido.
Ahora, su defensa quiere revocar esos fallos. Para eso presentó un pedido de revisión a la Corte Constitucional bajo el respaldo de la actual Carta Política, que dice “que se podrá pedir la opinión de la Corte cuando en sentencias o en autos judiciales se hayan violado los derechos”.
El asambleísta del PRE e hijo del ex Mandatario, Abdalá Bucaram Pulley, dijo que la solicitud tiene un respaldo jurídico y no político. Desmintió que exista un acuerdo con el Gobierno para permitir el retorno de su padre. “Bucaram no tiene ningún pacto con (el presidente) Correa”.
Las sospechas de un presunto acuerdo nacieron por la cercanía de los miembros de la Corte Constitucional con el Gobierno.
El presidente de ese organismo y miembro de la Sala donde está el caso, Patricio Pazmiño, explicó ayer el trámite que tendrá la solicitud del ex Mandatario, el cual será similar al de otros casos.
Luego de la diligencia, el juez Luz tendrá 30 días para pronunciarse. Los otros dos miembros de la Sala podrán acoger ese informe o presentar otro documento al Pleno de la Corte Constitucional.
Una decisión final se tomará con el voto de al menos cinco de los nueve vocales de la Corte.
En el mismo caso está el ex vicepresidente Alberto Dahik. Hace dos semanas, sus abogados fueron a la Corte. Ahora esperan la resolución para anular el juicio penal que se sigue en su contra.