En el mejor de los casos, unos seis meses podrían pasar para que Emilia C. tenga una audiencia en la que se definirá si su suegra es beneficiaria de una pensión alimenticia.
Ella y su esposo quedaron a cargo de la mujer de 81 años, cuando sus otros dos hijos salieron del país por no conseguir trabajo debido a la crisis sanitaria. Ahora quiere que al menos uno de los nietos apoye en el cuidado de la adulta mayor.
El pasado 16 de mayo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para el período 2022. Este instrumento busca garantizar los derechos de los adultos mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
Según esta tabla, los jueces pueden determinar pensiones que comprometan entre el 20,33% hasta el 43,86%, en función a los ingresos del alimentante y del número de adultos mayores a su cargo.
La Tabla es uno de los mecanismos que posibilita la aplicación de la Ley Orgánica del Adulto Mayor, que se dictó en mayo de 2019. Para Emilia, se trata de un salvavidas ya que sus cuñados “prácticamente se olvidaron de la viejita”, cuenta.
Una herramienta que empieza a utilizarse
Según el último levantamiento del Registro Social, realizado en el 2018, existen 157 828 adultos mayores en situaciones de pobreza (122 984) y pobreza extrema (34 844).
Estos podrían ser los principales beneficiarios de las pensiones alimenticias, para intentar vivir dignamente durante su última etapa vital.
Entre diciembre del 2021, cuando fue presentada la primera tabla, y mayo del 2022, el Consejo de la Judicatura apenas ha registrado 15 causas ingresadas para pensiones alimenticias para adultos mayores. Recién en abril de este año se resolvió la primera y en mayo lo hicieron un par más.
En el momento del lanzamiento de este instrumento, en diciembre pasado, el ministro Esteban Bernal, del MIES, señaló que “existen 2 000 causas represadas, de demandas de los adultos mayores a sus hijos o familiares; sin embargo, los jueces no podían procesarlas porque faltaba la tabla”.
Durante estos primeros meses de aplicación, Viviana Díaz, coordinadora del Consultorio Jurídico de la Universidad Indoamérica sede Quito, considera que los adultos mayores sí se encuentran interesados en iniciar este proceso.
Pero no lo continúan porque carecen de la documentación necesaria (como certificados de nacimiento) o simplemente desconocen la dirección de sus hijos o nietos (este requisito es indispensable para efectuar la notificación del juicio).
La Indoamérica es una de las cinco universidades del país que tiene convenios con el MIES, para ofrecer asesoría y patrocinio gratuito a los adultos mayores que requieren ayuda legal para adelantar sus juicios de pensiones alimenticias.
Los otros centros son la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), Católica de Cuenca, UTE y Técnica Particular de Loja (estas dos últimas cuentan con sus consultorios en Quito).
Las familias buscan direcciones
Hace poco, Manuel T. se enteró de que tenía esta opción para pedir una pensión alimenticia para su papá. Ellos viven juntos luego de que su progenitor, de 72 años, quedara sin movilidad en sus piernas luego de sufrir una fuerte caída hace un lustro.
Antes de todo esto, ambos caminaban por las calles de Quito como recicladores de base. El accidente y la pandemia hicieron que sus ingresos disminuyeran considerablemente, ya que se redujo su movilidad.
Ahora Manuel ha empezado a buscar la dirección de su hermano, de quien solo sabe que vive en la Amazonía. Este fue un requisito del que se enteró en la Defensoría Pública y que es indispensable para entregar las respectivas notificaciones.
Esta institución ha sido una de las más activas para una población que carece de dinero para contratar a un abogado. Entre enero y mayo del 2022 brindó 544 asesorías y patrocinios legales a adultos mayores, en la línea de servicio de familia.
De ese total, 302 procesos corresponden a temas relacionados con pensiones alimenticias a adultos mayores, para 103 mujeres, 198 hombres y un Lgbti.
Aunque sus historias ocurren en diferentes ciudades, a Manuel y Emilia les une una búsqueda: las direcciones de los hijos o nietos de los adultos mayores. Sin esto, sus casos no podrán seguir, algo que dificultaría el cuidado de los ancianos.
De acuerdo con la Defensoría Pública, el proceso para que el adulto mayor o su representante legal solicite una pensión alimenticia puede tardar aproximadamente seis meses.
En este lapso se recopila toda la información de los alimentantes, se entregan las notificaciones y se establece la fecha en que se desarrollará la audiencia.
El trámite
El adulto mayor o su representante legal pueden iniciar la solicitud de una pensión alimenticia. Según la Defensoría Pública, deberán cumplir tres requisitos básicos:
1) Título legal, es decir, tener una relación consanguínea con la persona a la que se le exige alimentos.
2) Necesidad del alimentado: imposibilidad económica que tiene una persona para mantenerse por sí misma.
3) Solvencia del alimentado: la persona a la que se le exigen alimentos debe tener la capacidad económica para hacerlo