Libertad a corto plazo. Ha pasado un mes y diez días desde que el exvicepresidente correísta Jorge Glas celebró con un baño de masas y gafas de sol una medida sustitutiva que lo sacó de la cárcel de Cotopaxi, la mañana del domingo 10 de abril de 2022, luego de que un juez de Manglaralto dio paso al hábeas corpus que había solicitado. Esa solución le resultó efímera, porque este 20 de mayo le fue revocada la herramienta legal.
La Corte de Santa Elena anuló la medida y reordenó su recaptura, tras la apelación presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), por “una “inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba”, que describió como “abuso de esta acción constitucional”.
El exfuncionario fue a prisión en 2017. Con la noticia del pedido de recaptura, no tardaron en pronunciarse las cabezas de su movimiento político. Marcela Aguiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, por ejemplo, dijo que la prisión a Glas es “arbitraria e ilegal”, pues tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. “Lo toman como rehén entre la disputa de Judicatura y Saquicela. Amigo @JorgeGlas, una justicia politizada no merece arrebatar tu libertad”, escribió.
El pasado jueves 19 de mayo se llevó a cabo la audiencia para esa apelación, pero Glas no se presentó y tampoco envió a su abogado, Edison Loaiza, aunque sí envió a seguidores a gritar consignas a su favor.
Desde que salió libre se criticó desde varios escenarios la decisión de Diego Moscoso, juez de Manglaralto, de conceder el hábeas corpus.
El portal de investigación Código Vidrio publicó el miércoles 18 de mayo del 2022 un video en el que revela que Jorge Glas le ordenaba a José Luis Cortázar, en ese entonces, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (Arch), eliminar las restricciones para la comercialización de explosivos para mineros y que “relajara las reglas” para la venta de combustibles en provincias fronterizas.
Además, le exigía que no pidiera información a las empresas petroleras con la que luego podrían apresar al entonces presidente Rafael Correa.