Se trata de una base de datos que pudiera revelar mucho más de lo que se conoce desde el martes. Y aunque el Gobierno de China se abstiene de comentar las revelaciones sobre la existencia de unas supuestas inversiones de parientes de cinco jerarcas del Partido Comunista en paraísos fiscales, en ese país ya están bloqueadas todas las páginas de Internet con algún contenido relacionado a lo que se denominó los ‘Chinaleaks’.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) puso a disposición de los internautas desde ayer 23 de enero la información completa de todos los nombres involucrados en su sitio web (icij.org). Ahí figuran los documentos que fueron citados por los medios de comunicación que publicaron parte de estos datos el martes, entre ellos el diario El País de España, Le Monde de Francia y The Guardian del Reino Unido.
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Los registros, que llegan hasta el año 2010, revelan que por lo menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen comunista chino -incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los exprimeros ministros Wen Jiabao y Li Peng-, así como 15 grandes empresarios y compañías estatales han mantenido una intensa actividad en paraísos fiscales en las islas Vírgenes Británicas.
Los datos surgen de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en esas islas.
“La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la élite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en el 2010 -año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada-, solo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27 000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40% procedente de China, Hong Kong y Singapur”, dice la nota de El País.
Los documentos dan cuenta del modus operandi de la élite china para crear y mantener abultadas cuentas en el exterior: enviaban el dinero a las islas Vírgenes Británicas por fuera de los circuitos habituales, a través de empresas creadas por ellos mismos o de su participación en otras ya constituidas.
13 de las personas investigadas están ligadas a la primera línea de la política china.
Entre ellos figuran Deng Jiagui, el cuñado del actual presidente, Xi Jinping, dueño de un imperio inmobiliario; Wen Yunsong, el hijo del anterior primer ministro, Wen Jiabao; y Li Xiaolin, la hija del antecesor de Wen, Li Peng, conocida como ‘la reina de la energía’.
Tener cuentas ‘offshore’ (fuera del territorio nacional) o abrir una empresa en el Caribe no es ilegal en sí mismo. Pero hacerlo abre la puerta a un mundo de sombras que puede usarse para fraude fiscal y ocultamiento de patrimonio o dinero procedente de sobornos.
Según la organización estadounidense Global Financial Integrity (GFI), el flujo de capital ilegal procedente de China fue de más de un billón de dólares entre el 2002 y 2011. Cerca de una quinta parte de esa cantidad procede de la corrupción, hurtos y sobornos. La opacidad que rodea a las empresas ‘offshore’ y sus recovecos permite la existencia de muchos negocios poco honestos.
Por ejemplo: filiales creadas en paraísos fiscales compran productos a menor precio que la matriz, que en China paga menos impuestos, y los vende a un precio superior. Los beneficios vuelven a China, también libres de impuestos, como “inversiones extranjeras”.
Desde Hong Kong, primer paraíso fiscal para los chinos, en los años 90 las riquezas fueron trasladadas a otros lugares con igual objetivo, como Samoa y las islas Cook. Los funcionarios chinos no están obligados por ley a declarar cuáles son sus riquezas.