El Tribunal, conformado por los jueces Wilson Caiza, Mirian Escobar y Rita Gallegos, analiza si aceptar o rechazar la acción de protección que busca detener el cobro del nuevo impuesto a vehículos y motos definido por la Prefectura de Pichincha.
El 2 de febrero del 2022 se conoció que diferentes sectores del transporte de la provincia presentaron ese recurso legal en contra de la resolución anunciada por la prefecta, Paola Pabón.
El objetivo es que se derogue la aprobación de la ordenanza para la creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial por parte del Gobierno de Pichincha, que se cobrará a través de la matriculación vehicular.
Ese tributo se denomina “tasa solidaria”. La Prefectura asegura que el dinero recaudado se utilizará exclusivamente para el mantenimiento y mejoramiento de las vías de las 53 parroquias rurales.
Socialización del nuevo impuesto, en cuestionamiento
El análisis de esta acción de protección arrancó a las 08:30 del miércoles 9 de marzo del 2022, en el Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito. La diligencia se suspendió cerca del mediodía.
Los magistrados solicitaron a la Prefectura de Pichincha que ingrese al Juzgado la documentación sobre la socialización de esa ordenanza.
Los transportistas dicen que el cobro de este nuevo impuesto no fue socializado antes de ser aprobado por esa entidad, el 7 de octubre del año pasado.
Los magistrados indicaron que analizarán la documentación solicitada y luego señalarán una nueva fecha y hora para reinstalar la audiencia.
Los valores que se pagarán con nuevo impuesto
Los cálculos de este aporte serán determinados con base al tarifario anual de matriculación y se pagarán por una vez al año de la siguiente manera: USD 20,50 por los vehículos públicos o comerciales, USD 18 por los autos particulares y USD 9,30 por las motocicletas.
Las autoridades proyectan recaudar USD 6,7 millones de forma gradual en un año, lo cual equivale a 404 000 automotores que se matriculan en Pichincha.
Según la Prefectura, esos recursos se invertirán en renovar las 210 maquinarias para hacer obras (retroexcavadoras, excavadoras, motoniveladoras, etc.). De esa cantidad, más del 65% se encuentra en pésimo estado, fuera de la vida útil. También el mejoramiento de los 7 200 kilómetros de vialidad rural de la provincia.
Esa entidad aseguró que para la implementación del Fondo Especial se realizaron estudios técnicos en los que se levantó un inventario vial de la provincia.