Tres protestas efectuadas en los últimos seis años en contra del peaje que cobraba Emvial en las vías El Descanso-Matanga y El Descanso-Chicti no lograron que se eliminara ese cobro. Pero un plantón de tres días que se mantuvo hasta el lunes pasado por parte de los alcaldes de Gualaceo, Paute, Guachapala y Sígsig lo consiguió. Ese día, la ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), María de los Ángeles Duarte, remitió la notificación vía fax a la Prefectura de Azuay.
En ese documento se informó sobre el retiro de la concesión de los 81,5 km de vías entregados en el 2006. Según el viceministro Iván Sempértegui, la decisión la tomaron por pedido de los alcaldes de Gualaceo, Marco Tapia; Paute, Miguel Fereño; Guachapala, Raúl Delgado; y Sígsig, Aramita Jiménez. Todos pertenecen al Movimiento País.
Ellos y alrededor de 100 personas protagonizaron el plantón. Exigían que se deje sin efecto el cobro del peaje y que se revierta la concesión al Estado, para que este ejecute el ensanchamiento de la carretera a cuatro carriles.
Emvial (empresa del Consejo Provincial de Azuay) cobraba 50 centavos por los vehículos pequeños, 80 centavos por los buses, 1,50 por volquetes y USD 3 por los camiones. El año anterior por el peaje de Chaquilcay cruzaron 3 036 0000 vehículos y se recaudaron USD 1 890 000.
Los alcaldes de los cantones orientales (El Pan, Sevilla de Oro y Chordeleg) no apoyaron la protesta. El burgomaestre de Chordeleg, Patricio López, catalogó como positiva la administración de Emvial. “Las vías están en buen estado porque recibían mantenimiento permanente”.
El prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, también cree que no hay argumentos y que es una decisión política. “Son represalias por ser un crítico del modelo extractivista que defiende este Gobierno y por la Marcha de la Dignidad”.
Usuarios como José Salazar, de 38 años, tomó con molestia la decisión del MTOP. Él hace cuatro viajes por semana a Chordeleg y dijo que el servicio de Emvial fue bueno en el mantenimiento de las vías y de asistencia a emergencias.
El martes pasado se registraron desprendimientos de piedras en la vía y lamentó que nadie lo limpie. Un día antes, Sempértegui, acompañado del gobernador de Azuay, Humberto Cordero, leyó tres compromisos: que ya no se cobrará el peaje y que de forma inmediata el MTOP ejecutará estudios para un recapeo y otro para ampliar la vía a cuatro carriles.
No detalló los tiempos ni montos a invertirse. “Es un Gobierno con voluntad política de trabajar en vialidad. Venimos a ofrecer algo que no se puede cumplir”, señaló el viceministro Sempértegui.
“Pero esa decisión puede llevar a la desaparición de Emvial”, dijo su gerente, Carlos Fernández de Córdova. Según el funcionario, el dinero recibido por el peaje se invertía en la administración, operación (sistema de seguridad, auxilio, entre otros) y mantenimiento de las vías.
Hay otros problemas como las posibles demandas laborales de los proveedores y de empleados (100 entre administrativos y de las microempresas viales) que dependían de ese peaje. En reuniones reservadas con los asesores jurídicos se elaboran procesos de rescisión de contratos.
Uno de ellos es con una empresa quiteña que proporcionaba el software para el cobro del peaje. El contrato anual fue por USD 110 000. Estos equipos empezaron a ser retirados.
Los otros peajes
Emvial, además del de Chaquilcay, maneja otros dos peajes en la vía La Ramada-Nabón (16,5 km) y la Girón-San Fernando (24,8 km), ambos en el sur.
En los dos casos, la recaudación apenas alcanzaba para cubrir el 50% de los gastos administrativos, operación y mantenimiento vial. La diferencia la pone el Consejo Provincial.
La estación de Chaquilcay, por el flujo de vehículos, era la más equipada con personal, grúas y ambulancias.
Funcionarios de la Dirección de Trabajo de Azuay llegaron a Chaquilcay para conocer la realidad de los empleados.