Las organizaciones piden que se apruebe el texto que incluye el aborto en caso de violación como garantía básica de las víctimas y sobrevivientes. Foto: freepik.es
Un llamado para que la Asamblea Nacional “termine con la impunidad social y judicial a la violación del derecho humano a una vida libre de violencias de niñas y adolescentes”, realizaron ayer, martes 16 de marzo del 2021, varias organizaciones de mujeres. Piden que se apruebe el texto que incluye el aborto en caso de violación como garantía básica de las víctimas y sobrevivientes.
El tema consta en la cuarta disposición reformatoria del Código Orgánico Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se plantea la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se pide incluir entre las causas de aborto no punible: “si el embarazo es consecuencia de una violación y afectación a la salud integral de la niña o adolescente”.
Es importante reconocer la debilidad que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia del 2013 en cuanto a la garantía de derechos de las niñas y adolescentes, señaló la representante de la Fundación Dignidad más derechos, Berenice Cordero.
Además, recordó que, en Ecuador, entre el 2015 y septiembre del 2020 se registraron 20 682 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. En ocho meses, dijo, durante el 2019, la Fiscalía General del Estado recibió 9 158 denuncias por violación y abuso sexual.
Las organizaciones de mujeres piden tener en cuenta que, en el 2018, al menos 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a luz cada día y que Ecuador es el país con la segunda tasa de embarazo más alto a nivel regional. “Dos de cada tres adolescentes de ese rango de edad son madres o están embarazadas por primera vez y quedan al margen del derecho humano a la educación”.
“Venimos trabajando desde antes del 2008 para que este país avance en despenalizar el aborto al menos en casos de violación”, dijo la representante de Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, quien además pide celeridad a la Corte Constitucional sobre las demandas pendientes en esta instancia con respecto a este tema, tras la negativa de la Asamblea en el 2019.
Gómez de la Torre sostiene que es necesario que las falencias que pueda tener el Código de la Niñez sean solventadas y que este se apruebe con la incorporación de lo que, sostiene, sería un avance: la despenalización del aborto para niñas y adolescentes.
Aunque se trata de un avance, admite, este es incompleto. “Queremos decirle a la Asamblea, a la Corte Constitucional y al país que aquí no solo violan a las niñas y adolescentes sino a las mujeres jóvenes, a las adultas, a las madres”.
En el contexto electoral “estamos ante una oportunidad de que los candidatos se comprometan con la igualdad y la protección del derecho humano de niñas adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia”, señaló Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.
Ella recordó el alto costo que tiene la violencia para el país: USD 4 680 millones, según un estudio de la Cooperación Alemana. El 49,9% de esos recursos, dice, lo pagan las propias mujeres, “dejando de disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo y destinando a la salud, a la protección, al hogar”.
El segundo actor más afectado, señaló Rosero, también es la empresa, ya que el 29,8% del monto lo cubren estas. Y el Estado deja de percibir cerca de USD 500 millones anuales por la baja en la productividad.
Rosero también enfatizó en que no es suficiente tener una Ley en el papel, sin planes, presupuesto ni estructura institucional que ponga en marcha el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. Un llamado para que la Asamblea Nacional “termine con la impunidad social y judicial a la violación del derecho humano a una vida libre de violencias de niñas y adolescentes”, realizaron ayer, martes 16 de marzo del 2021, varias organizaciones de mujeres. Piden que se apruebe el texto que incluye el aborto en caso de violación como garantía básica de las víctimas y sobrevivientes.
El tema consta en la cuarta disposición reformatoria del Código Orgánico Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se plantea la reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se pide incluir entre las causas de aborto no punible: “si el embarazo es consecuencia de una violación y afectación a la salud integral de la niña o adolescente”.
Es importante reconocer la debilidad que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia del 2013 en cuanto a la garantía de derechos de las niñas y adolescentes, señaló la representante de la Fundación Dignidad más derechos, Berenice Cordero.
Además, recordó que, en Ecuador, entre el 2015 y septiembre del 2020 se registraron 20 682 delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. En ocho meses, dijo, durante el 2019, la Fiscalía General del Estado recibió 9 158 denuncias por violación y abuso sexual.
Las organizaciones de mujeres piden tener en cuenta que, en el 2018, al menos 148 adolescentes de 15 a 19 años dieron a luz cada día y que Ecuador es el país con la segunda tasa de embarazo más alto a nivel regional. “Dos de cada tres adolescentes de ese rango de edad son madres o están embarazadas por primera vez y quedan al margen del derecho humano a la educación”.
“Venimos trabajando desde antes del 2008 para que este país avance en despenalizar el aborto al menos en casos de violación”, dijo la representante de Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, quien además pide celeridad a la Corte Constitucional sobre las demandas pendientes en esta instancia con respecto a este tema, tras la negativa de la Asamblea en el 2019.
Gómez de la Torre sostiene que es necesario que las falencias que pueda tener el Código de la Niñez sean solventadas y que este se apruebe con la incorporación de lo que, sostiene, sería un avance: la despenalización del aborto para niñas y adolescentes.
Aunque se trata de un avance, admite, este es incompleto. “Queremos decirle a la Asamblea, a la Corte Constitucional y al país que aquí no solo violan a las niñas y adolescentes sino a las mujeres jóvenes, a las adultas, a las madres”.
En el contexto electoral “estamos ante una oportunidad de que los candidatos se comprometan con la igualdad y la protección del derecho humano de niñas adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia”, señaló Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.
Ella recordó el alto costo que tiene la violencia para el país: USD 4 680 millones, según un estudio de la Cooperación Alemana. El 49,9% de esos recursos, dice, lo pagan las propias mujeres, “dejando de disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo y destinando a la salud, a la protección, al hogar”.
El segundo actor más afectado, señaló Rosero, también es la empresa, ya que el 29,8% del monto lo cubren estas. Y el Estado deja de percibir cerca de USD 500 millones anuales por la baja en la productividad.
Rosero también enfatizó en que no es suficiente tener una Ley en el papel, sin planes, presupuesto ni estructura institucional que ponga en marcha el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia.