La Contraloría General del Estado comenzó una investigación el 11 de septiembre pasado al crédito otorgado por el Directorio de Cofiec al argentino Gastón Duzac.
La investigación partió por las denuncias públicas y una solicitud planteada por el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, el 31 de agosto pasado.
Sin embargo, legisladores como Galo Lara no ven con optimismo estas investigaciones. Ayer señaló que “el Gobierno no está interesado en destapar esta olla de grillos, tan solo lo dice de la boca para afuera”.
Prueba de esto, añadió, es la remoción inmediata y sorpresiva de la única persona y funcionaria que tuvo los pantalones de iniciar la acción de cobro por la vía judicial en contra de Duzac.
Según Lara esto se dio ante el silencio cómplice de Germánico Maya, presidente del Directorio de Cofiec, quien aprobó el crédito junto con otros dos directores: Omar Unda y Roberto Sandoval.
Aclaró, además, que Maya posesionó a la ingeniera María Fernanda Luzuriaga, como presidenta ejecutiva de Cofiec y era la encargada de cobrar y recuperar la cartera vencida.
Según fuentes cercanas al Directorio, la salida de Luzuriaga se debe a que las gestiones de administracion de cobro que ha venido realizando no eran suficientes y se le retiro el encargo para poder actuar con mas fuerza en la recuperación de deudas.
Pero Lara aclaró que lo de Duzac no es un hecho aislado, ya que existen créditos otorgados a empresas incautadas por el Estado, que también deben ser investigados, por ser prestamos vinculados.
Morlantex, por ejemplo, recibió USD 172.053; Indulana, USD 113.179,86; Maxigraf, USD 910.764 y Minga, USD 391.500. También se otorgó créditos a Patricio Moncayo Pareja, administrador, por 98.000, al igual que USD 20 000 a Francisco Endara Clavijo, cuñado de Delgado.