Organizaciones plantean 25 preguntas a los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Fotos: captura
Catorce organizaciones que defienden derechos firman una carta, a través de la que plantean 25 preguntas a los presidenciables, Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, y Guillermo Lasso, de Creo-PSC. ¿Qué les dicen? Que en la opinión pública y a través de redes sociales se observa una falta de pronunciamientos enfáticos sobre el respeto a los derechos humanos de las diversidades sexuales, violencia de género, derechos reproductivos específicamente vulnerados en las mujeres en su diversidad, en las niñas y adolescentes; el enfoque sobre ambiente, desarrollo sostenible y derechos de la naturaleza.
En su misiva exponen su gran preocupación porque ninguno de los dos binomios finalistas está integrados por al menos una candidata. Eso pese a que el 51% del padrón electoral de Ecuador, recuerdan, está constituido por electoras mujeres. “En el país se había avanzado en una legislación que garantiza la paridad de género en listas. O la inclusión afirmativa y democrática de candidaturas Lgbtiq (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexo y queer) visibles, que refrenden gestos políticos reales de lucha contra la discriminación y exclusión”.
Por eso, este miércoles 10 de marzo del 2021 preguntan: ¿Esta es la demostración de cuál es la prioridad que ambos binomios y sus organizaciones o alianzas políticas dan a la equidad de género y a la no discriminación, en la toma de decisiones y de política pública?
Firman representantes de la Coalición Ecuatoriana de Mujeres, Fundación Desafío, Fundación Amor y Fortaleza, Fundación Ecuatoriana Equidad, Fundación Sendas, Fundación Pakta, Cedeal, Crisalis, Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, Fundación Valientes de Corazón, Visión y Diversidad, Rescate Escolar, Cedenma y Yasunidos.
En su escrito, los firmantes señalan que el pasado reciente les trae a la memoria cómo los máximos personeros del Ejecutivo y Legislativo cerraron el paso a demandas de derechos de igualdad, contra la violencia sistemática e institucional hacia la mujer y las diversidades sexuales; así como de los derechos de la naturaleza. El enfoque, perspectiva y análisis de género en las políticas públicas se lo denominó bajo el concepto inexistente de “ideología de género”; y hasta se impuso una “política pública”, concebida contra todo precepto técnico de organismos internacionales y de derechos, frenando avances emprendidos para disminuir la violencia de género inscrita en cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas, con horror extremo equivalente a la tortura; el embarazo infantil como expresión de la crueldad estatal que no protege a la niñez; y los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, de manera general, primando la visión de grupos religiosos, en un Estado constitucionalmente laico.
Avances como la actual Ley en contra de la violencia a la mujer es una conquista del país, recalcan. Sin embargo precisan que no tiene ni los recursos económicos ni la voluntad política necesarios para una implementación integral. Conquistas como el matrimonio igualitario, de identidad de género o el reconocimiento de familias homoparentales, les recuerdan, se han concretado gracias a la lucha de ciudadanos y activistas Lgbti; y a la judicialización de sus demandas, bloqueadas sistemáticamente desde la propia Presidencia de la República en el pasado. Las sentencias, les dicen, de la Corte Constitucional en pro de esos derechos fueron encaminadas al Legislativo, donde en tanto, sus asambleístas y sus partidos han hecho caso omiso de los dictámenes, que justamente hoy en plena disyuntiva electoral y por disputa de votos, se lo denomina “descuido”.
Como activistas y organizaciones con principios y convicciones plenos sobre los derechos humanos que defendemos y por los que luchamos -señalan- creemos que la negligencia y oposición persistente de autoridades y organizaciones políticas en el pasado y su omisión durante la reciente campaña, (pues en este tema, ambos binomios no atendieron la invitación a los diálogos con la sociedad civil y la ONU, para conocer las realidades de las poblaciones Lgbti del Ecuador), debe ser subsanada a vísperas de la elección, con un pronunciamiento claro, verbal y escrito.
¿Qué les preguntan? Los activistas quieren que Andrés Arauz y Guillermo Lasso respondan a estas interrogantes:
– ¿Qué enfoque y perspectiva de género aplicarán en las políticas públicas e institucionalidad del Estado?
– ¿Qué presupuesto se destinará desde el Estado para implementar la Ley Orgánica Integral en contra de la violencia a la mujer; la discriminación a las poblaciones Lgbti; el racismo y los derechos humanos en general?
– ¿Cómo va a asegurar el cumplimiento del compromiso que tiene el país frente al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW-ONU)?
– ¿Cuál es su pronunciamiento y qué políticas se aplicarán sobre los derechos sexuales y reproductivos? ¿Será prioritaria la Educación Sexual Integral?
– ¿Cuál es su posición frente a la doble vulneración de derechos del que son víctimas las mujeres y niñas del país en casos de violación, embarazos no deseados?
– ¿Qué posición tiene respecto de despenalizar el aborto en caso de violación y en otras causales como incesto, malformaciones letales del feto?
– ¿Qué medidas de control proponen implementar o investigar sobre los permisos de funcionamiento a las denominadas “clínicas de deshomosexualización”, donde se tortura a personas Lgbti en Ecuador?
– Ocho asesinatos por homo-transfobia sucedieron en Ecuador durante la cuarentena por la pandemia. ¿Qué planteamiento hay para erradicar la violencia institucionalizada hacia personas trans, gay, lesbianas bisexuales e intersexuales en el sistema educativo?
– ¿Qué acciones hará su gobierno, candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso respectivamente, respecto de las observaciones de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal, sobre violaciones de DDHH a personas LGBTI, donde Ecuador recibió 9 recomendaciones de parte de diferentes Estados parte de la ONU?
– ¿Cómo propone cambiar la matriz productiva hacia una producción climáticamente inteligente y respetuosa?
– ¿De qué manera garantizará la seguridad, libre accionar y la defensa de territorios de los defensores de la naturaleza?
– ¿Qué estrategias concretas aplicará usted para respetar y garantizar los derechos de la Naturaleza? ¿Qué estrategias de transición hacia un modelo pos petrolero plantea?