La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la solicitud de medidas cautelares a favor de Nicolás Pérez Lapentti, y Carlos y César Pérez Barriga, directivos de diario El Universo; así como de Emilio Palacio, ex editor de opinión del rotativo.
Esta decisión se tomó luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia que condenó a los cuatro hombres a tres años de prisión y al pago de USD 40 millones a favor del presidente Rafael Correa, como indemnización por unas supuestas injurias difundidas en un editorial de Palacio.
Según la CIDH, esta resolución judicial podría “constituir un daño irreparable al derecho de libertad de expresión” de Palacio y de los tres directivos del diario. Por ello, pidió al Gobierno ecuatoriano que “suspenda de inmediato los efectos de la sentencia, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión”.
Estas medidas cautelares estarán vigentes hasta el 28 de marzo, cuando la CIDH convocó a una audiencia a las partes para que expongan sus argumentos en el caso. Es decir, que el presidente Rafael Correa, los directivos de El Universo y Palacio deberán asistir a Washington, sede de la Comisión, para presentar sus puntos de vista sobre la adopción de las medidas y explicar sus puntos de vista, antes de que el organismo internacional se pronuncie sobre el fondo del caso: la supuesta violación a los derechos humanos.
Ayer, los abogados del rotativo mostraron su satisfacción por la decisión. Esto, luego de que el sábado pasado viajaron a EE.UU., para reunirse con funcionarios del organismo, para explicarles “lo que está sucediendo en el Ecuador y por qué no debe ejecutarse la sentencia”.
Emilio Romero Parducci y Hernán Pérez Loose, coordinadores de la defensa del rotativo guayaquileño, fueron los encargados de mantener este diálogo. El principal temor de los juristas es que el Estado ecuatoriano no acoja la decisión de la Comisión.
Sin embargo, Mauricio Guim, uno de los abogados del diario, explicó que en el artículo 93 de la Constitución se establece la obligatoriedad de cumplir todas las decisiones y sentencias de organismos de derechos humanos. Esta potestad le corresponde a la Corte Constitucional, bajo pena de destitución del funcionario que no acate la resolución.
Con este fallo, la sentencia queda en suspenso. Pues todavía no ha entrado en vigencia. La defensa esperaba primero ser notificada con el fallo y luego presentar los recursos de ampliación y aclaración ante la Corte Nacional, para dilatar la ejecución de la resolución, hasta que la CIDH se pronuncie sobre el pedido de medidas cautelares.
No obstante, con la decisión del organismo ya tomada, la defensa del diario está satisfecha y ya no piensa en los recursos. Su mirada ahora se centra en los argumentos que llevará ante la Comisión Interamericana, para “demostrar las violaciones al debido proceso” y la “violación a la libertad de expresión”.
El 15 de febrero, antes de que la Corte se pronuncie sobre el recurso de casación, Joffre Campaña, procurador judicial del rotativo, anunció que estaba seguro que en la CIDH ganarían el caso, porque “son evidentes las violaciones cometidas”.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que se utilizó la figura de desacato (injurias contra autoridades), para sancionar a los directivos del diario y a Palacio. Además, cuestionó el monto de la indemnización, que supera todos los precedentes y parámetros en el mundo.
Incluso, esto fue una de las mayores preocupaciones que expresaron la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH,Catalina Botero; y el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue. “La CIDH, con fundamento en la Convención Americana sobre DD.HH. ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el art. 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión”, dijeron los funcionarios el 16 de febrero.