Andrés MIchelena dijo este 15 de enero del 2021 que acudió voluntariamente a la Fiscalía. Foto: Archivo.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, acudió voluntariamente este 15 de enero del 2021 a la Fiscalía por los supuestos casos de peculado y tráfico de influencias por los que el 30 de diciembre del 2020 los agentes allanaron su vivienda.
“Acudí para desvirtuar las infundadas acusaciones en mi contra, en el marco de un proceso que violentó mi honra, dignidad e intimidad personal, incluido el allanamiento de mi domicilio. Lo hice después de 48 días desde que solicité por primera vez se reciba mi versión y recepte información que deja sin fundamento las temerarias acusaciones vertidas por un medio digital y secundadas por actores políticos”, señaló.
Luego dijo: “Niego cualquier participación en hechos ilícitos para beneficiar a terceros en el ejercicio de mi vida pública y privada. Esto se verifica con información a disposición de la ciudadanía, que nunca fue corroborada por los denunciantes. Ratifico mi respeto a la tarea de la justicia, pero igualmente usaré los medios legales para defenderme y restablecer la verdad de los hechos, con información del Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, Servicio de Contratación Pública y el Registro Mercantil”.
En noviembre, la Fiscalía abrió una indagación previa por los dos delitos. Según las primeras investigaciones, el funcionario trabajó en una empresa que recibió contratos del Estado mientras se desempeñaba como funcionario público.
“No he sido accionista ni dueño de empresa alguna, tampoco ejercí simultáneamente cargos en los sectores público y privado. En los últimos 23 años trabajé bajo relación de dependencia. Desde 2007 hasta el 2014 en la Vicepresidencia y Presidencia de la República. Desde el 2014 hasta el 2017 en la empresa privada. Las fechas exactas constan en el historial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio del Trabajo”, dijo Michelena.
“En el caso de los contratos de Véritas DDB con la Vicepresidencia de la República, entre 2011 y 2012, mientras fui funcionario público, estos pasaron por todos los procesos legales, administrativos y financieros”, añadió.
Michelena aseguró que como funcionario de Véritas DDB en Quito, entre junio de 2014 y mayo de 2017, ejerció su derecho al trabajo. “En ese contexto, los contratos con clientes del sector público y del sector privado, se enmarcaron en la ley y normas vigentes”.
“Los denunciantes manejaron maliciosamente las fechas, sin base documental, para involucrarme en el presunto ejercicio paralelo de cargos en la Vicepresidencia de la República y Véritas DDB. Pero al demostrar ante las autoridades que es falso todo lo afirmado solicité a la Fiscalía que se archive el expediente”.