En los exteriores del Complejo Judicial de Cueca esperaron familiares y allegados de la familia de la niña Sofía. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
La tarde de este martes 5 de enero del 2021 terminó el segundo y último día de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por un caso de presunta mala práctica médica, en la capital azuaya. En los próximos días se conocerá el fallo del Juez.
Todo empezó el 15 de noviembre del 2019 cuando Sofía Granda Mejía, de ocho años, fue ingresada a una clínica particular con un cuadro febril por una amigdalitis. Tres días después -ya estabilizada- fue intervenida para extraerle las amígdalas y adenoides.
Según el testimonio de la madre y el informe acusatorio de la Fiscalía, “al inicio de la cirugía el otorrinolaringólogo realiza el corte que compromete la arteria carótida externa izquierda y desencadena un cuadro de sangrado profuso”.
Luego la menor ingresó a cuidados intensivos y falleció la noche del 19 de noviembre por un edema cerebral severo. Desde entonces, los padres denunciaron al médico y el caso ingresó a la Fiscalía de Azuay. La instrucción fiscal tuvo demoras por la pandemia del covid-19.
Para Nathaly Mejía, hay un sinnúmero de dudas e irregularidades que envuelven la muerte de su hija. “Desde el inicio, el médico y el equipo de profesionales que estuvieron en la cirugía no me proporcionaron la información real de lo que pasaba en el quirófano”, dijo.
El argumento del galeno investigado es que el corte se produjo porque la arteria no estaba en su posición correcta sino pegada a la amígdala, por una variante anatómica que la niña ha tendido desde su nacimiento. En teoría médica a eso se le conoce como carótida aberrante.
El proceso judicial tiene 20 cuerpos y la Fiscalía presentó 51 elementos de convicción, como parte de su tesis acusatoria por el delito de mala práctica médica agravada. Entre ellos constan el resultado de la autopsia, informes periciales, historia clínica, versión de los profesionales que atendieron a Sofía y de los padres, entre otros.
En la audiencia que se cumplió en una de las salas de la Corte de Justicia de Azuay, Juan Carlos Salazar, abogado de la parte acusatoria, hizo hincapié en que la cirugía no era necesaria y que –según uno de los informes periciales- la arteria no estaba pegada a la amígdala.
Mientras tanto, Felipe Rodríguez, abogado del galeno, defiende la tesis de la variante anatómica y que el informe de la terna de galenos –nombrados por la Fiscalía y que consta en el expediente judicial- determinó que no hubo mala práctica profesional.
Ese informe concluye en que no hubo maniobras peligrosas, que la cirugía era necesaria y legítima, y que hubo consentimiento informado de que podía haber una hemorragia, dijo Rodríguez. Este caso se ha mediatizado y ha generado fuertes comentarios en redes sociales.
Frente a esta situación el juez, Carlos Guzmán, que está al frente del caso, se tomará unos días para revisar todos los cuerpos y emitir un fallo sobre el inicio o no del juicio contra el médico involucrado o se dicta el sobreseimiento.
El artículo 146 del código del Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad, de uno a tres años, por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.