Luego de 21 años de servicio como guía penitenciario, Mauricio (nombre protegido) teme perder su única fuente de ingreso. Él espera que en los próximos días le llegue una notificación para ser trasladado a otra provincia y dejar a su familia en Quito, donde reside.
Desde que se inició en este oficio, sus días empiezan a las 06:00. Una hora más tarde se forma para recibir las órdenes que le da su superior. Trasladar prisioneros considerados de mayor riesgo ha sido desde hace más de 15 años su tarea central. Mauricio pertenece al grupo de élite y aunque dice que su trabajo es riesgoso y agotador siente orgullo de hacerlo. “Han mandado a otras provincias a los compañeros, no importó que tengan familias, que sean personas de la tercera edad. Creo que de la misma forma nos trasladarán a los de este grupo”, dice con angustia, pues tiene hijos pequeños y su esposa está enferma.
El 24 de abril pasado, el director técnico de Seguridad, Gabriel Suasnavas, envió el memorando MJDHC-0708-12 a los directores de los Centros de Rehabilitación Social del país para el traslado de 700 guías penitenciarios.
En uno de los memorandos enviados, al director del Centro de Detención Provisional, se detalló un listado de 20 custodios que deberían desplazarse.
Según los documentos, el propósito es “dar cumplimiento al Plan Operativo de Seguridad, ordenado por Johana Pesantez, ministra de Justicia”. La orden se cumplió el 30 de abril y los guías trasladados se presentaron en el nuevo centro penitenciario a las 07:00 del pasado lunes.
Por esta causa hubo malestar en el personal, pues, según dicen los guías, no les notificaron con antelación sobre los cambios que se efectuarían. “De la noche a la mañana nos avisaron que debíamos irnos, nunca nos enviaron un documento, solo emitieron ese memo a los jefes de los centros”, dice uno de los guías trasladados.
Él dejó a su pequeña hija al cuidado de sus abuelos sin saber cuándo regresará a Quito. La madre de la menor de 5 años tiene una situación similar en el trabajo y no puede estar pendiente de ella. “Creo que para tomar decisiones drásticas de este tipo, así sea por orden o beneficio del sistema penitenciario debieron notificarnos con tiempo para poder organizarnos. En mi caso, por no perder el trabajo tuve que dejar sola a mi hija”.
420 guías de las cárceles 1, 2, 3 y 4; de la cárcel de mujeres; del CDP y de las casas de confianza en Pichincha se movilizaron a otras provincias del país.
Un ex Director de Rehabilitación Social mencionó que después de los traslados, algunos guías le manifestaron su inestabilidad y preocupación por la decisión del Ministerio. “Son servidores públicos y más allá de planes y proyectos se debe considerar un debido proceso. Nadie dice que esté mal reforzar otras cárceles, pero hay que tomar en cuenta también el lado humano”.
En el artículo 38 del capítulo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se dictaminan los aspectos del cambio administrativo de los servidores públicos. “Se entiende por cambio administrativo el movimiento del servidor de una unidad a otra distinta. La autoridad podrá autorizar el cambio (…) sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales por un período máximo de 10 meses en un año calendario, observándose que no se atente contra la estabilidad y remuneraciones del servidor”.
Pese a lo que dice la Ley, tres guías penitenciarios alquilaron un cuarto en una de las provincias a la que fueron designados y deberán pagar cada uno USD 80 mensuales durante su estancia. “Ya no tendremos día franco. Se supone que las horas de guardia continuarán pero está previsto que en nuestros días libres colaboremos trasladando a los privados de libertad a las audiencias. Esa orden la recibimos en el nuevo centro”, señaló uno de los guías que fue ubicado en la Amazonía.
Dentro de ese grupo está una persona de la tercera edad que el domingo pasado viajó al nuevo centro penitenciario con un suero colocado en el brazo porque estaba enfermo. “No midieron nada y si no íbamos nos podían levantar un sumario administrativo”.
El ex Director de Rehabilitación, quien pidió la reserva de su identidad, indicó que por incumplimiento, el Ministerio de Justicia podría realizarles un sumario administrativo y despedirlos. “No puedo decir si ese es el fin. Pero no comprendo por qué no cumplir con los que dispone la Ley, notificarles antes a los servidores, respetando sus derechos”.
En el artículo 40 del mismo capítulo, la Ley orgánica estipula que “el cambio administrativo a un lugar distinto del domicilio civil del servidor público, se podrá hacer solamente con su aceptación por escrito”.
Esos documentos no están en la oficina central de los guías penitenciarios en Quito. De hecho, pocos de los antiguos que aún estaban presentes en el lugar tuvieron temor de hablar sobre el tema. Este Diario solicitó una entrevista con el subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Morales, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, en el comunicado No. 14, el Ministerio informó que el movimiento de guías es habitual en el sistema penitenciario. “Por necesidades institucionales y de seguridad en los centros penitenciarios del país, se dispuso el cambio de lugar de trabajo”. Justicia aclaró que el traslado es por comisión temporal “que dura por lo general 30 días”.
Sonia Andrade, presidenta de la Veeduría del Sistema Penitenciario, dijo que para establecer esos cambios tuvo que tenerse en cuenta las condiciones de vida de los guías. “No se está pensando en ellos. No deberían remover a quienes tienen más experiencia, Se deben examinar los incidentes que han ocurrido desde el año pasado con guías nuevos como en Santo Domingo o en La Roca”.
Las acciones
Los guías penitenciarios presentarán un recurso de protección al Estado. “Hemos dedicado nuestra vida a este oficio y nuestras familias dependen de ello”, dijo Mauricio, uno de los servidores.
Los custodios laboran 24 horas seguidas y tienen libre el día siguiente. Su sueldo es de USD 620 y deberán costear sus gastos en su lugar de residencia y donde fueron trasladados.
En las cárceles no existen las condiciones para incrementar guardias. Según el informe de la Veeduría del Sistema Penitenciario, las condiciones de estos espacios son precarias.