Los casos Filanbanco, Palo Azul, El Universo, Chevron… son algunos de los procesos que los jueces Wilson Merino, Ximena Vintimilla, Lucy Blacio y Wilson Andino han tramitado.
No obstante, hoy la legalidad de su designación está en entredicho.
Ellos fueron cuestionados por la Veeduría Internacional para la reforma judicial, porque se les concedió puntos extra en el proceso de selección sin que hayan cumplido con los requisitos necesarios para hacerlo. Además, la Veeduría criticó el mecanismo de selección, que permitió que en una prueba oral se otorguen 10 puntos de la valoración total del concurso.
Esta prueba oral fue calificada por los tres miembros del Consejo de la Judicatura de Transición, sin presentar un criterio objetivo. Dos de ellos, Paulo Rodríguez y Tania Arias, hoy buscan la reelección.
Sin embargo, el asambleísta Andrés Páez, quien denunció a inicios del año esta designación “ilegal” de los magistrados, impugnó la postulación de Rodríguez y Arias, pero el Consejo de Participación Ciudadana la rechazó por considerar que no existían motivos para descalificarlos del concurso.
Ahora, la polémica está en por qué estos jueces señalados como “beneficiados” por puntos “que no merecían”, tienen a cargo los juicios más polémicos del país.
Para el jurista Farith Simon, esto resulta una “serie de coincidencias sospechosas. Estos magistrados, de acuerdo con el proceso de evaluación de la Veeduría, fueron beneficiados con puntos extras y son los que tienen los casos polémicos. Esto es lamentable porque afecta la calidad y credibilidad del proceso de designación. Y dan más razones a los críticos del proceso”, dijo.
Así, Wilson Merino fue el juez que ratificó la condena en contra de diario El Universo. El medio debía pagar USD 40 millones de indemnización al presidente Rafael Correa y sus tres directivos debían cumplir tres años de prisión.
En sus manos también estuvo el caso Filanbanco, en el que se condenó a los hermanos Roberto y William Isaías a ocho años de prisión, por peculado. Merino también tiene a su cargo uno de los juicios en contra del ex presidente Abdalá Bucaram, por presunto peculado, que está detenido porque el ex Mandatario está en Panamá.
Ximena Vintimilla, en cambio, está a cargo del caso contra el ex presidente Jamil Mahuad. La semana pasada ratificó el llamamiento a juicio plenario en contra del ex Jefe de Estado por peculado, por la crisis financiera de 1999.
Para el abogado de Mahuad, Patricio Vivanco, esta decisión se tomó por la cercanía del proceso electoral. “Desde mayo pasado que este caso está en manos de la jueza y ahora recién toma decisiones. Nos parece ‘sorpresivo’ que a pesar de que el informe de la Veeduría hizo señalamientos a su designación, la jueza haya tomado acciones en el proceso. Es una situación que nos preocupa”, señaló.
Asimismo, la jueza Lucy Blacio se encargó de archivar el caso Palo Azul, en el que se indagó un supuesto perjurio al Estado de USD 2 000 en la explotación de un campo petrolero. Aquí estaban involucrados ex ministros de Minas y Petróleo y directivos de Petroecuador, pero todos fueron absueltos Ella, además, tramita al momento un juicio en contra del asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, por “haber presentado una denuncia que resultó falsa”, en contra del presidente Rafael Correa, por la incursión militar en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010.
Blacio inició el proceso judicial en contra de Jiménez sin haber tenido la autorización legal para hacerlo. Es decir, sin que el Pleno de la Asamblea haya levantado antes la inmunidad de la que goza el legislador.
Esto motivó a que Jiménez planteara una demanda por presunto prevaricato en contra de la magistrada. “En su designación pesaron los criterios políticos y las órdenes del Presidente más que cualquier cuestión técnica. Hay versiones de otros participantes que no eran de la línea política del Presidente y que en la entrevista final se les bajaron las calificaciones a 1,5 sobre 10”, cuestionó Jiménez.
Sin embargo, para el jurista Ramiro Moreno, las críticas de la Veeduría Internacional no pueden afectar el desempeño de las funciones que los jueces están llevando a cabo. “Puede ser una coincidencia que a ellos les haya tocado conocer esos casos. Incluso se hizo un resorteo de causas”.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) no se ha pronunciado, tampoco lo ha hecho el Consejo de la Judicatura de Transición.
Otras críticas
La jueza Mariana Yumbay, quien también fue cuestionada por Andrés Páez por haber recibido puntos extra por el tiempo de ejercicio profesional, pese a no acreditarlo, no tiene ningún proceso polémico en sus manos.
Ella integra la Sala Penal Policial y Militar.
En la confesión judicial que ella rindió, por pedido de Páez, aseguró que nadie le “regaló el puesto” y que había llegado a la Corte Nacional de Justicia únicamente por sus méritos.
Wilson Merino
Se desempeñó como Fiscal de El Oro (agosto 2008 – septiembre 2011); por cuenta propia laboró entre junio de 2001 al 31 de julio de 2008; ejerció la docencia universitaria entre mayo de 2007 a septiembre de 2008. Abogado de la Universidad Católica de Cuenca. Participó como candidato a Defensor del Pueblo pero quedó descalificado, por no cumplir algunos requisitos.
Ximena Vintimilla
Fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, desde el 2002 hasta el 2006. Asesora de la asambleísta de País, Rosana Alvarado. En julio de 2009 pasó a ser asesora del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí. Fue nombrada Subsecretaria Nacional del Migrante del Austro, cargo que ocupó entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
Wilson Andino
Es doctor en Jurisprudencia, hermano del Asambleísta oficialista Mauro Andino. Tiene 27 años en la Función Judicial. Fue Juez Quinto de Inquilinato y Secretario Relator de la Corte Nacional de Justicia en Chimborazo y en esa provincia fue Juez Tercero de lo Civil. Además, es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Chimborazo.
Lucy Blacio
Entre 2003 y 2008 fue Agente Fiscal de El Oro. En 2007, asumió la función de Ministra Fiscal Distrital de El Oro, en ese cargo estuvo hasta el 2009. Renunció a esa función por supuestas presiones del entonces fiscal General Washington Pesántez. Fue Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.