Los primeros datos se difundieron el fin de semana. El sábado, Ciro Guzmán, uno de los cuatro abogados de los detenidos en el caso Luluncoto, mostró un informe de 5 páginas.
Dijo que se trataba de una pericia o análisis informático a las computadoras del ex juez Juan Pablo Hernández (él ordenó la prisión preventiva del grupo investigado por presunto terrorismo) y de Diana Fernández, ex fiscal que dirigió el allanamiento.
Según el escrito, el perito Rafael Melgarejo señala, en los puntos 10 y 11, que no halló los oficios con fecha del 3 de marzo, en el que Fernández solicitó al juez la orden de detención de los 10.
Ayer, en cambio, se conoció que la Fiscalía pidió la revocatoria de las providencias en donde el Tribunal Tercero de lo Penal dispuso que se realice ese peritaje.
Esa solicitud debía tratarse este lunes en la audiencia de juzgamiento que no se instaló por la ausencia del juez Vladimir Jhayya, quien pidió licencia médica.
La defensa de los procesados explicó que pidieron el peritaje, porque en los oficios aparentemente existen contradicciones.
Durante la instrucción fiscal -asegura Guzmán- solicitaron que también ordene el peritaje, pero que no hubo respuesta.
Quien finalmente dispuso ese análisis fue Julio Obando, presidente del Tribunal. La idea era establecer en qué computadora, fecha y hora se levantaron los documentos que respaldan las órdenes de arresto y allanamiento.
El 3 de marzo pasado, antes de que se ordenara el operativo, un agente de la Unidad de Lucha contra el Crimen (ULCO) solicitó a la fiscal Diana Fernández que pidiera a un juez las órdenes que avalen sus investigaciones. Esto se demuestra en un documento que ese cuerpo élite de la Policía remitiera a la Fiscalía.
Como respuesta, la Fiscal dirigió un oficio al entonces juez Hernández. En la esquina superior del documento se lee que fue recibido a las 12:00 de ese día. Los datos están escritos a mano.
En la orden de allanamiento hay otros hechos que la defensa de los detenidos cuestionan. En el documento firmado por Hernández se habla del 3 de marzo, pero del 2011. En el parte de detención también aparece ese año.
Con base en estos datos, el abogado Guzmán dice que las órdenes fueron forjadas, que no se realizaron a la hora que se señala y que debería anularse el proceso desde su inicio.
El 26 de septiembre pasado, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha negó un recurso de nulidad interpuesto por los acusados.
Ellos demandaban que se declare la nulidad del proceso debido a las supuestas incongruencias en las órdenes de arresto.
Por el momento, los detenidos siguen en huelga de hambre indefinida en el Centro de Detención Provisional (CDP) y en la cárcel de El Inca (norte de Quito).
Hasta ayer no se sabía cuándo se realizará la audiencia de juzgamiento para los detenidos.