Las críticas del Gobierno ecuatoriano al papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no cesaron esta semana. La coyuntura fueron las medidas cautelares a favor del asambleísta Cléver Jiménez y los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.
Pero había otro tema pendiente. Ayer se desarrollaron en la sede del organismo, en Washington (EE.UU.), dos audiencias para analizar la situación de los derechos en Ecuador. Se evaluaron las libertades de expresión, de asociación.
Un día antes, el canciller Ricardo Patiño anunció que ningún representante del Estado viajaría para la cita. Pero además dijo que las puertas del país están abiertas para que los comisionados vengan a conocer la situación del país.
Y justamente esa fue una de las propuestas de la CIDH ayer, una vez que finalizaran las audiencias temáticas sobre Ecuador. Al cierre de la exposición de la Fundación Pachamama, disuelta con base en el Decreto Ejecutivo 16 en diciembre pasado, la vicepresidenta de la Comisión, Tracy Robinson, ratificó la voluntad de visitar Ecuador.
“Hay indicios sobre la buena voluntad del Estado pero en nuestra manera de proceder, esperamos dialogar con el Estado, lo que indicaría su deseo de que nosotros viajemos. Puede ser en sesión plenaria o en relación en ciertas áreas temáticas”, dijo Robinson.
Para esta visita, es necesaria la invitación del Estado. Y debe ser una invitación formal, no un pronunciamiento en una rueda de prensa, según señala Mario Melo, abogado experto en DD.HH., parte de la Fundación Pachamama. “Sería una oportunidad muy importante para fortalecer el diálogo y para que los temas de derechos humanos se discutan en el país”.
La situación no es muy alentadora una vez que el Gobierno continúa con sus críticas en contra de la CIDH. Ayer, las sillas que esperaban a los representantes del Estado ecuatoriano para las audiencias estuvieron vacías.
No es la primera vez que Ecuador falta a las audiencias de la CIDH. “Alguna vez fuimos, de buena fe, en el 2011. Pero ellos ya creyeron que todos los años nos iban a llevar por la misma cantaleta de siempre”, dijo Patiño el jueves. El funcionario se refería al tema de la libertad de expresión, que ya se ha analizado ante ese organismo interamericano.
Sin embargo, ayer fue la primera vez que la Comisión analizaba la situación del derecho a la libre asociación y los defensores de la naturaleza en Ecuador, específicamente el caso de la fundación Pachamama.
Los representantes de la organización expusieron las supuestas violaciones al debido proceso en la disolución de Pachamama y los riesgos del decreto para la libertad de asociación. Juan Auz, director ejecutivo de esa ONG, dijo que incluso se les negó el derecho a la defensa ya que no fueron notificados con la apertura de un expediente en su contra antes de que se procediera al cierre de las oficinas.
Además, el Decreto 16 acarrearía otros problemas que se pueden dar a futuro. Mónica Vera, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), dijo que el 70% del contenido del decreto contiene directivas discrecionales y que además “son muy ambiguas e interpretables”.
También las dos acciones de inconstitucionalidad planteadas por organizaciones civiles en contra del Decreto 16 en la Corte Constitucional no prosperan. Recién en enero pasado fueron admitidas a trámite, pero no hay un plazo para que sean resueltas.
Los comisionados se mostraron preocupados. José de Jesús Orozco, titular de la CIDH, aseguró que es alarmante la información proporcionada a la Comisión, que evidenciaría que a través de sanciones administrativas se ponga obstáculos a las agrupaciones. “No solo estaría violándose el derecho a la libertad de asociación sino también el derecho a defender los derechos humanos”.
Mientras tanto, Pachamama prevé presentar la próxima semana una acción extraordinaria de protección para tratar de revertir la resolución del Ministerio del Ambiente que disolvió la organización en diciembre pasado.
En contexto Ecuador solicitó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2012. Se esperaba que los siete miembros del organismo viajaran al país en el primer semestre del 2013. Sin embargo, la cita no se pudo concretar porque las fechas fijadas por Ecuador no convenían a la Comisión.