Cuando tenían listas las reservaciones y maletas para vacacionar en las playas, un día antes de su apertura se anuncia que no se lo haría.
Y cuando finalmente parecía que se abrían (5 de agosto), otra vez, el día previo se endosa la decisión a los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.
Inmediatamente, la mayoría de las autoridades locales resolvió no hacerlo, aunque el COE nacional ya había autorizado el funcionamiento de 40 playas. Solo se abrieron seis en Atacames y Bajo Alto.
Ese cambio en las reglas del juego de último momento en ambas ocasiones dejó varados a los turistas y puso en más problemas a los prestadores de los servicios turísticos. Se endeudaron, invirtieron lo poco que tenían o vendieron bienes para comprar alimentos, insumos e implementos de bioseguridad por el virus.
Incluso, habían planificado aprovechar el feriado de tres días por el 10 de agosto, pero todo se les echó a perder. Los hoteleros, dueños de restaurantes y toda la cadena de este sector en Manta, por ejemplo, se prepararon, pero sus playas no se abrieron.
Esa misma semana de la fallida apertura de las playas llegó otra disposición del COE nacional, en la víspera del asueto: autorizó la circulación de los carros particulares, sin restricción de placas. Si el objetivo era reactivar el turismo hubo un efecto contrario.
Esas decisiones del COE nacional de última hora, sin coordinación y hasta inoportunas perjudican a los turistas y emprendedores, que están listos para funcionar, pero no lo pueden hacer, porque no hay un panorama claro.
En las playas, las haciendas de los alrededores de Quito, los emprendedores de Tungurahua o Imbabura y muchos más del país hacen esfuerzos para adaptarse e invierten, pero no tienen la coherencia de las autoridades nacionales. Atraviesan la peor crisis (USD 1 200 millones en pérdidas) y tampoco tienen créditos, incentivos, promoción…
Es momento de que las autoridades acompañen al sector, para su reactivación.