El cadáver de César F. se desangró en la celda número ocho del pabellón A, que en el ex penal García Moreno es considerado de máxima seguridad. Los policías de Criminalística lo encontraron sobre una cama con seis heridas de arma blanca en el estómago.
Nueve días después, el 24 de enero, otro preso fue baleado en La Roca, cárcel de la que también se dice es de extrema seguridad.
Testigos contaron que la víctima era trasladada a su celda cuando otro interno se acercó y le disparó.
El crimen fue perpetrado con una pistola glock de 17 mm y otro preso también resultó herido.
Si las dos cárceles son consideradas de extrema seguridad en el país ¿cómo ingresaron dos armas? En la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) nadie responde esta pregunta.
Este Diario acordó dos entrevistas con las autoridades del Ministerio de Justicia para tratar el tema. Una cita fue cancelada a última hora ayer y en otra no llegó la ministra Johana Pesántez.
Los problemas de inseguridad en el interior de las cárceles del país se reportan frecuentemente con balaceras, crímenes, hallazgos de droga en pequeñas cantidades. Estos hechos han quedado al descubierto en operativos sorpresas montados por la Policía.
Los agentes incluso han investigado la construcción de posibles túneles de escape, como ocurrió en noviembre pasado en el ex Penal García Moreno. A esto se suma que desde el 1 febrero del 2008 se han contabilizado al menos 20 hechos de violencia en las cárceles del Ecuador.
La crisis del sistema penitenciario, obligó al Gobierno a decretar dos estados de emergencia.
El primero fue en junio del 2007 y allí asignó un presupuesto de USD 60 millones para infraestructura. “Esa cifra es para utilizarla en dos años (incluido el 2008). Este año (2009) invertiremos de USD 40 millones a 50 millones para seguir con el mejoramiento de las cárceles”, señaló en ese entonces quien fuera ministro del Interior, Gustavo Jalkh.
En el segundo decreto, suscrito el 31 de agosto del 2010, el Ministerio de Justicia anunció que con la declaratoria se invertirán USD 40 millones más y que este fondo se destinará para el mejoramiento de infraestructura de los 43 centros carcelarios que tiene el país y que albergan a un promedio de 13 000 internos. “En este momento tenemos un hacinamiento del 93% considerado por el número de camas (existentes)”, reconocía el ministro de Justicia de ese entonces, José Serrano.
Pese a ello, la violencia y la falta de seguridad en las cárceles es un problema constante, según la coordinadora de la Veeduría del Sistema Penitenciario del Ecuador, Sonia Andrade. Este organismo presentó su informe el 19 de diciembre del 2011. En el documento se mencionan las malas condiciones de infraestructura de las prisiones. En el documento de 74 páginas se hace referencia a la falta de celdas para mujeres en los centros de detención provisional o la falta de un manual de procedimiento de ingreso y egreso de las personas privadas de la libertad por parte de la Policía.
Precisamente, un ex director nacional de Rehabilitación Social dice que ese es uno de los mayores problemas que afrontan los centros carcelarios.
Ese funcionario que habló con la condición de que no se publique su nombre advirtió que los controles en las puertas de acceso a las cárceles y otros filtros de seguridad se realizan solo con base en la experiencia de los guías y no existe un manual técnico.
A eso se suma -aseguró- que no se ha implementado la tecnología suficiente para evitar el ingreso de armas o drogas a las prisiones. “Los chequeos son embarazosos, porque a veces las visitas tienen que desnudarse para ser revisadas por los guías. No hay escáneres, tampoco hay cámaras de seguridad o sensores en las instalaciones carcelarias”.
Hasta ahora, en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social nadie explica cómo un interno consiguió un arma de fuego para cometer un asesinato en La Roca el 24 de enero último.
Andrade sostiene que los problemas en las prisiones son estructurales, puesto que no existe un proyecto integral que aborde los temas de rehabilitación y reinserción social, asistencia médica, una capacitación correcta de los nuevos guías y la seguridad. “No hay ni un solo especialista en seguridad penitenciaria. La gente que dominaba el tema de seguridad intracarcelaria ha sido despedida o han comprado sus renuncias”, indica.
De hecho, la Federación Nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación Social (Fenspres) informó que hasta diciembre del 2011, 301 funcionarios entre guías penitenciarios y personal administrativo salieron de la Dirección de Rehabilitación. De ellos, 215 lo hicieron obligatoriamente y 86 de forma voluntaria.
Una fuente vinculada a la DNRS cuestiona la formación de los nuevos guías penitenciarios que se están incorporando a las cárceles. “Los jóvenes (guías) que recién se han graduado en la Escuela Politécnica del Ejército (Espe) con apenas 60 días de preparación no están preparados para manejar los centros de rehabilitación social. Se debería tener en cuenta a los guías penitenciarios con experiencia que conocen la realidad de las personas privadas de la libertad del país”.
El ingreso de narcóticos a las prisiones también revela las falencias en las seguridades.
El 2 de septiembre del 2011, la Policía hizo un operativo sorpresa en el ex penal García Moreno y halló ocho sobres con una sustancia blanca. Y se decomisaron 22 celulares, 20 cargadores, tres martillos, seis pipas artesanales, 34 armas cortopunzantes, ocho chips y alcohol artesanal.
El 16 de enero del 2012 ingresaron 300 policías para otro operativo. Coincidencialmente, esa incursión ocurrió un día después del asesinato de César F. en el pabellón de máxima seguridad.
El informe de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario en el Ecuador denuncia que los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica se encuentran en pésimas condiciones, consecuencia que sufren por la sobrecarga poblacional de personas privadas de la libertad. También indica que no hay espacios para que los presos se capaciten.
Informe de la Cedhu
El 21 de marzo del 2011, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentó un informe sobre el sistema penitenciario en el país para la visita del Relator sobre cuestiones penitenciarias de la CIDH.
El documento dice que en las cárceles de varones existe un alto índice de violencia con armas de fuego. Cita un caso en el que las autoridades decomisaron tres armas luego de un crimen.
En el informe se reportan quejas de los sistemas de seguridad a los que se someten las mujeres visitantes del centro carcelario. Dicen que los métodos de revisión son antihigiénicos en las partes íntimas y denigrantes.
Los puntos claves registrados en el sistema de rehabilitación social del país
23/06/2007
Al inicio de su período, el presidente Rafael Correa acudió al ex penal García Moreno y firmó el primero de los dos decretos de emergencia para el sistema carcelario en el país.
31/08/2010
El Gobierno decreta la segunda emergencia en todas las cárceles del país. Las autoridades dicen que servirá para superar la crisis.
20/01/2011
Los internos de la Cárcel 3, que opera en el centro de Quito, protestaron por la muerte de uno de sus compañeros y denunciaron que no fue atendido a tiempo, pese a que padecía una enfermedad terminal.
28/10/2011
Los empleados judiciales fueron notificados con la compra de renuncias y tuvieron que dejar sus puestos. Únicamente en el ex penal García Moreno, sus dirigente dijeron en ese entonces que salieron más de 20.