Las protestas que se han producido recientemente en algunos países de la región demuestran una creciente ola de descontento colectivo que, anclados en realidades específicas de cada país, sirven, en el fondo, como detonantes para manifestar su insatisfacción con una poco equitativa generación de oportunidades.
Las expresiones masivas de demanda de cambios urgentes trascienden ideologías. No se trata si son gobiernos de derecha o de izquierda. El problema radicaría en la existencia de un sentimiento común de falta de orientación por parte de los estados en la lucha contra la corrupción, en la generación de políticas que alienten la creación de empleo, en acceso a salud, educación, seguridad, servicios básicos e infraestructura.
En el caso del Ecuador, las pobres perspectivas de crecimiento económico, sumadas a las cada vez más deterioradas cifras del mercado laboral, ponen al país en una situación de alerta social que no se puede soslayar. Una economía que casi no crece puede convertirse, en el corto plazo, en un mayor descontento social de consecuencias impredecibles.
No se puede pensar en una sociedad que ofrezca esperanza de mejoramiento de la calidad de vida sin un crecimiento sostenido y armónico, apalancado por expansión de emprendimientos y la atracción responsable de inversiones nuevas. No se puede pensar en paz social y seguridad, sin políticas pragmáticas de generación de empleo. Los esfuerzos desplegados para recomponer los indicadores macroeconómicos deben equilibrarse con medidas que impulsen el desarrollo de la microeconomía, de las empresas. En un entorno donde uno de los principales problemas es la falta de trabajo, si el Gobierno ha optado por cargar con más impuestos a las empresas, se debería priorizar, como tarea urgente, el estímulo a su competitividad.
Resultan imperativos los cambios estructurales que, alejados de la coyuntura y de la politiquería, sintonicen con las nuevas demandas sociales. La modernización de la legislación laboral es un ejemplo. Tiene más de 80 años de vigencia. Su rigidez fomenta el mercado laboral informal y no permite una expansión dinámica de empleo. Hoy, el Ecuador tiene el costo de despido más alto en la región y es el quinto en el mundo con más obstáculos para contratar. Con estos antecedentes, ¿cómo se puede fomentar nuevas plazas de trabajo y garantizar una verdadera paz social?
Es responsabilidad de todos, especialmente de las élites políticas y económicas del país, entender rápidamente lo que ocurre en el Ecuador y en la región. La demanda de más generación de oportunidades, mejores servicios, lucha contra la corrupción y mayor participación ciudadana, son factores claves de análisis y temas de consenso nacional para procurar una urgente solución. El descontento social no espera. Se acaba el tiempo.